La Contraloría General del Estado realizó un examen especial al proceso de adjudicación del pozo petrolero Singue, ubicado en Sucumbíos. El documento, que ya está disponible, revela una serie de irregularidades en la negociación y firma de contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC.

Lo primero que detecta la Contraloría es que el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) de la Décima Ronda Petrolera dispuso a la Secretaría de Hidrocarburos la elaboración de los documentos precontractuales sin la certificación del mapa de bloques petroleros 2011 que da el Instituto Geográfico Militar.

De esa forma, la convocatoria aprobada el 16 de junio de 2011 no tenía delimitada correctamente las áreas de explotación.

Lo segundo que identifica la Contraloría y que consta en el examen especial realizado al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016, es que el contrato con el Consorcio DGC se firmó pese a que miembros del equipo negociador recomendó al COLH que la empresa no tenía las certificaciones referentes al financiamiento.

El Estado ecuatoriano, en esa época, decidió cambiar el modelo de sus contratos petroleros para pasar de uno de participación a otro de prestación de servicios.

El pozo Singue estaba dentro de la lista de pozos marginales. Cuando se cambió el modelo de negocio petrolero a su anterior administradora privada no aceptó las nuevas condiciones. Petroecuador no demostró interés en explotarlo, por lo que se llamó a licitación nacional e internacional ya convertido en bloque.

Las irregularidades continúan luego en la explotación del bloque. Entre 2013 y 2016 la producción ascendió a 4’993.459 barriles de petróleo. Así consta en el informe suscrito por el subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero de la Secretaría de Hidrocarburos, que posteriormente entró a trabajar al consorcio DGC.

Lo cierto es que, según la Contraloría, al 30 de septiembre de 2016 se explotó el 144% de lo previsto para 20 años. El contrato tenía previsto que en ese lapso se extrajeran apenas 2.04 millones de barriles de petróleo. La sobreexplotación alcanzó el 244%.

Y a pesar de que la contratista anualmente informó sobre sus cifras de explotación, la Secretaría de Hidrocarburos nunca tomó acciones para renegociar la tarifa.

La Contraloría concluye que el secretario de Hidrocarburos no recomendó al ministerio del ramo la suscripción de un contrato modificatorio para revisar los términos y condiciones económicas de la tarifa, sin precautelar los intereses del Estado.

Además pide que el COLH disponga al secretario de Hidrocarburos que analice los incumplimientos en la licitación del bloque Singue para que se determine la aplicación de procedimientos legales. (I)

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