El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) se pronunciará este jueves 17 de enero sobre la reestructuración de la Contraloría y la subrogación del titular de esa entidad, Pablo Celi. Eso lo anunciará en una rueda conjunta con el presidente, Lenín Moreno, en Carondelet.

El Consejo resolvió esto el miércoles en la sesión de pleno. La reestructuración de la Contraloría, a decir de los consejeros, es clave para el control sobre el manejo de los fondos públicos del Estado.

“En función del proceso de diálogo y del acuerdo nacional, el Consejo debe jugar un rol sustancial en la reinstitucionalización del país”, reza la resolución.

Celi planteó la reestructuración de la Contraloría en 2017. Él propuso que la estructura de ese organismo de control cambie a un Tribunal de Cuentas del Estado. Este es un cuerpo colegiado conformado por siete representantes de las funciones del Estado: dos de la Asamblea, uno del Ejecutivo, dos por la ciudadanía y dos funcionarios de carrera de la Contraloría.

Pero este cambio implicaría una reforma constitucional, a través de una consulta popular, para reemplazar a la Ley de la Contraloría, explicó Celi cuando hizo público el proyecto.

Además, el Consejo de Participación resolverá sobre la subrogación de Celi. Esta opera únicamente respecto a las funciones del Contralor, no en cuanto al tiempo que está en ese cargo, señala la resolución.

Es decir, la subrogación terminará hasta la designación del nuevo titular de ese organismo. Esto establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General.

La normativa dice que el subcontralor reemplazará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo Contralor.  

Hace 17 meses, Celi subrogó en el cargo a Carlos Pólit, quien está prófugo en Miami. Él excontralor fue sentenciado por corrupción en el caso de coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

El trabajo de la institución ha sido intenso: hizo 3.541 informes y encontró indicios de responsabilidad penal en  317 exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Esos casos están en la Fiscalía y se suman a las 500 denuncias de corrupción que presentó el Ejecutivo en contra del régimen anterior.

Además, la Contraloría, dirigida por Celi, estableció responsabilidades civiles (glosas) por $ 850 millones. De esa cantidad, se recuperan $ 12,1 millones. (I)