El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) hizo ajustes este 2 de mayo en los organismos de control del Estado.

La primera medida fue la destitución del defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, al considerar que este había incurrido en desacato. El funcionario se negó a participar en la evaluación de autoridades que lleva adelante el Consejo.

La semana pasada Rivadeneira convocó a una rueda de prensa en la que informó sobre su postura. Para él su juez natural era la Asamblea Nacional, de modo que no reconoció la potestad del CPCCST para evaluarlo. Frente a esa postura los consejeros, reunidos en Quito, decidieron destituirlo.

Él sigue el mismo camino que los ahora exsuperintendentes de Comunicación, Carlos Ochoa, y de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera.    

Sin embargo esta es la primera ocasión en que el CPCCST utiliza las facultades emanadas de la pregunta 3 de la consulta popular.

En el caso de Ochoa aceptó la destitución de la Contraloría y en el segundo caso encontró su posesión como ilegal.

En la misma sesión, el Consejo nombró al reemplazo de Rivera. Se trata de Sofía Margarita Hernández Naranjo, quien estará al frente de la Superintendencia hasta que se realice un concurso que termine en la designación del titular definitivo.

Una postura similar se aplicó en la Fiscalía General del Estado. Esta entidad estaba dirigida por Gen Rhea, tras la censura de Carlos Baca Mancheno en un juicio político realizado en la Asamblea Nacional.

Al día siguiente de la destitución de Baca, este entregó su despacho a Rhea, quien había sido nombrado como fiscal subrogante por el Consejo de la Judicatura.

Para hacer ese nombramiento la Judicatura realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado, pues se presentó una situación sui generis porque la anterior fiscal subrogante, Thania Moreno, fue separada del cargo por una investigación interna.

Pese a eso los consejeros hicieron una designación: se trata de Edwin Paúl Pérez Reina, quien obtuvo el más alto puntaje en el último concurso. Tal y como ocurre con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Fiscalía General del Estado será ocupada por Pérez Reina hasta que se designe a un titular definitivo por medio de un concurso.

Esas fueron las tres designaciones que hizo el Consejo, pero también se tomó una resolución que advierte al Consejo de la Judicatura. Este organismo, rector de la Función Judicial, pidió a la Corte Constitucional que limitara las competencias del Consejo Transitorio.

Para Gustavo Jalkh, el CPCCST no tiene facultades para suspender los concursos de selección de jueces y fiscales que él lleva adelante. Sin embargo, el CPCCST suspendió los concursos, lo que originó una demanda y uno de los afectados interpuso un recurso en un juzgado de Baba, en la provincia de Los Ríos.

El viernes, antes del feriado por el Día de los Trabajadores, el juez suspendió la resolución del CPCCST.

Un día antes el asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, propuso también que la Corte Constitucional interpretase el mandato popular del Consejo Transitorio, lo que generó protestas en la oposición.

Pero el Consejo Transitorio ordenó a la Judicatura que no reanudara los concursos, pues considera inválida la resolución del juez y advierte que tomará otras medidas si es que se desobedece esa orden. Sobre el escrito presentado por el Presidente de la Judicatura a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre los límites de las competencias del Consejo Transitorio, el presidente Julio César Trujillo dijo que “Jalkh y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los Derechos Humanos no nos van a detener; cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase”.  

Aclaró que Ramiro Rivadeneira está cesado en sus funciones en cumplimiento de las normas que se dictaron oportunamente y que fueron puestas en su conocimiento mediante notificación escrita, que fue recibida.

“Quienes se resistan a la evaluación serán cesados en sus cargos y eso es lo que ha ocurrido con el señor Rivadeneira, que ya no es más defensor del Pueblo”.

Aclaró que el Consejo de la Judicatura está bajo evaluación y que examinarán esos resultados antes de resolver sobre la continuación de los 5 vocales en sus cargos.

Trujillo recalcó que por esto no podían seguir adelante con los concursos de oposición y méritos “que suspendimos y todos aquellos que se presten para participar en algún concurso de la Judicatura deben saber que por el solo hecho de presentarse serán también suspendidos de sus cargos”.

El consejero dijo que seguirán trabajando, “lo que debe saber el señor Rivadeneira es que no es más funcionario y que sus amenazas nos tienen sin cuidado porque nosotros obedecemos al pueblo ecuatoriano”.

Asimismo aclaró que pedirán sanciones para el juez Eleuterio Aguilar Heredia, quien emitió una medida cautelar para anular la suspensión de los concursos de fiscales que efectuaba la Judicatura, ya que, según dijo, la resolución no estaba debidamente motivada, como manda la Constitución. (I)

Datos
Séptima sesión del pleno
Los 7 consejeros decidieron de manera unánime el reemplazo del fiscal del Estado, además de ratificar la destitución del Defensor del Pueblo y pedirán sanción para el juez de la Unidad de Balsas por emitir una resolución sin motivación.  
 
3 días tiene el Defensor del Pueblo para presentar la impugnación a su destitución.  

Reglamento pendiente   
El CPCCST tiene previsto esta semana aprobar el reglamento para la elección de las autoridades de control. (I)