La Asamblea Nacional aprobó con 100 votos afirmativos y 19 abstenciones que la Comisión de Biodiversidad realice una auditoría y fiscalización de la empresa Chevron-Texaco, que contaminó la Amazonía ecuatoriana.

La mesa legislativa, presidida por Carlos Viteri Gualinga, analizará la actuación de la transnacional.

Así, también, el pleno analizó un proyecto de resolución en contra de los pronunciamientos del subprocurador de Brasil, Nicolao Dino, quien tildó la sentencia de la Corte de Sucumbíos como "irregular y que se realizó bajo actos de corrupción y ofenden a las buenas costumbres de la justicia internacional". El fallo del subprocurador dictaminó como "no procedente la homologación de la sentencia".

Los afectados por Chevron interpusieron una acción en la Corte de Justicia de Brasil, con el objetivo de que los recursos que la empresa adeuda en Ecuador sean entregados en los países en donde Chevron opera. Sin embargo, la Corte brasileña sometió el proceso a consultas a la Procuraduría de su país, quien se pronunció en contra de la justicia ecuatoriana.

Viteri señaló que Chevron busca "burlarse de los derechos y desprestigiar a nuestras instituciones, y desprestigiar al país entero".

Recordó que los "afectados han buscado efectivizar el cobro en otros países en donde Chevron tiene presencia, entre ellos Canadá y Brasil".

La asambleísta Magaly Orellana manifestó que en la Amazonía ecuatoriana se derramó "petróleo de manera discriminada".

Indicó que Chevron cambió "la vida de los habitantes del sector, que se vieron obligados a buscar formas de subsistir, no hubo caza, ni pesca, no tenían agua. Las nacionalidades, que históricamente vivieron en la zona, se vieron obligados a salir de sus territorios".

La asambleísta María Augusta Calle recordó que gobiernos entregistas como los de Sixto Durán Ballén llegaron a "pactos" con Chevron. Sin embargo, fue la ciudadanía quien en 1993 emprendió una acción en contra de la multinacional, que está considerada como el mayor impacto ambiental, incluso más grande que de British Petroleum en 2010, en el Golfo de México.

Calle recordó que la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, que fue ratificada entre Brasil y Ecuador en 1992. "La convención tienen la obligación de cumplir", dijo la legisladora.

La legisladora señaló que la investigación de Chevron deberá reflejar los "nombres de quienes han servido a las causas" de la multinacional. Indicó que en el caso de determinarse indicios de responsabilidad civil y penal,"la información debe ser entregada a al Fiscalía, no necesitamos informes sino culpables, quienes vendieron al país y sucumbieron ante los millones de Chevron". (I)