La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó ayer el informe sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Paraísos Fiscales. Dentro de la sesión, la Comisión sugirió que se ratifiquen los artículos 2, 8 y 9 del proyecto, ya aprobados anteriormente en la Asamblea Nacional.

Estos artículos contemplan las atribuciones de la Asamblea Nacional y de los organismos de control, para destituir a un funcionario público que haya transgredido la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 -mejor conocida como Ley de Paraísos Fiscales-.

Uno de los temas que fue un acuerdo por unanimidad ha sido allanarse a los vetos ejecutivos, que se refieren a las excepciones de la ley.

La asambleísta Verónica Arias dijo que está de acuerdo en ratificar las excepciones que contemplarían a los funcionarios que presten servicios en el exterior, a los asambleístas que ganen elecciones bajo circunscripciones del extranjero y que postulen para una función o una dignidad y que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.

“¿Qué pasaría si un becario estudia en Suiza, tiene bienes allí y luego quiere ser candidato? ¿Qué pasa con un candidato que vivió durante años en un paraíso fiscal y tiene ahí sus bienes?”, puso de ejemplo.

Sobre los artículos que la Comisión pidió se mantengan, Arias afirmó que para las máximas autoridades del país: asambleístas, Presidente y Vicepresidente, debería ser el Legislativo el que los destituya de sus cargos luego de recibir el informe de la Contraloría General del Estado y luego del dictamen de la Corte Constitucional. “Lo que establece el veto es que directamente la Corte Constitucional destituya a estas autoridades”, comunicó.

Según la asambleísta, serán 12 informes los que tendrían que recibir antes de la destitución, tanto de legisladores como del Presidente y Vicepresidente de la República.

El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, añadió que esta labor intenta “implementar una ley para cumplir con eficacia la voluntad del pueblo expresada en la consulta”.

Marcela Aguiñaga agregó que el veto parcial emitido desde el Ejecutivo podría tratarse la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Plazos para la destitución

Cucalón informó que hasta marzo de 2018 es el plazo que tienen los servidores públicos y los dignatarios para solucionar su situación si tuviesen capitales o bienes en paraísos fiscales.

El socialcristiano argumentó que no se puede destituir de la misma manera a un funcionario público que a una persona que ganó una elección popular. “Todos somos iguales ante la ley, pero la forma en la que podemos sancionar es distinta. Para un funcionario es el mismo órgano (la Contraloría General del Estado) para un dignatario, está la Constitución”.

Agregó que la Ley estipulará que los funcionarios que ingresen actualmente al sector público deben sujetarse a esta reforma.

En el caso de destituciones, la presidenta de la Comisión indicó que, en primer lugar, será la Contraloría General del Estado la encargada de anunciar el incumplimiento de la Ley en un informe. Este punto contempla únicamente a los funcionarios públicos en general.

Para los ciudadanos que ocupan dignidades de elección popular la Corte Constitucional será la encargada de emitir una ratificación.

Por último, sobre las máximas autoridades del país como el Presidente, Vicepresidente y asambleístas, se contempla una tercera etapa que abarca a un juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. “En términos de plazos no sería mayor a seis meses”, acotó Aguiñaga.

Invitación al Fiscal General

Aguiñaga enfatizó que la Comisión de Justicia, en el período legislativo pasado, investigó denuncias en torno al caso Petroecuador. Sobre este tema, informó que ha pedido se invite al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, para que comente el proceso en el que se encuentran las investigaciones en torno a los casos que actualmente investiga la Fiscalía.

“Realizaremos una sola sesión para que miembros de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Justicia invitemos al Fiscal, para que comente también cómo va el caso Petroecuador y los delitos que son investigados, más allá de los que ya han sido procesados”, dijo.

Agregó que también pedirá información sobre la posible “cooperación eficaz” a la que podría acceder Carlos Pareja Yannuzzelli.

Dijo que han invitado al contralor subrogante, Pablo Celi, para que “comparezca a contestar algunas cosas, entre ellas recordar cómo fue el ámbito de estar en funciones cuando formó parte del equipo del excontralor Carlos Pólit”. (I)