El contralor subrogante, Pablo Celi, también presentó una propuesta para la consulta popular. Quiere que la entidad que dirige se transforme en un tribunal de cuentas. El objetivo es retirar la discrecionalidad en la imposición de responsabilidad y aprobación de informes. Él explica su planteamiento.

¿En qué consiste la iniciativa?

El tribunal de cuentas propuesto constituye una reestructuración de la actual Contraloría General del Estado a fin de que las competencias constitucionales del organismo técnico del control puedan cumplirse bajo una forma  más adecuada.

¿Qué acciones específicas mejoraría este tribunal?

El tribunal busca un mecanismo que precautele los riesgos de discrecionalidad, arbitrariedad e interpretración subjetiva que cabe en un sistema sin controles internos, donde una autoridad puede asumir unilateralmente la decisión respecto de la aprobación de informes y determinación de responsabilidades.

En el organismo de control hay dos grandes funciones. Una es el proceso de auditoría que termina con un informe en donde se relatan los hechos y se establecen conclusiones y recomendaciones. De estos informes de Contraloría pueden derivarse responsabilidades de orden administrativo, civil e incluso penal. En la propuesta estos dos momentos están integrados en dos salas especializadas. Una de auditoría y otra de determinación de responsabilidades, integrada por  tres ministros auditores. Confluye de un lado, la sala de auditoría. Los informes son elevados a la sala de auditorías y deberán ser debatidos y resueltos por jueces de cuentas que actúan en condición de ponentes, asumiendo el contenido legal y técnico de los informes para proponer su aprobación. Una vez aprobado el informe, de derivarse responsabilidades, tienen que ser estudiados en la Sala de Determinaciones para poder establecer el tipo de responsabilidad.

¿Actualmente estas responsabilidades en quién recaen?

En el contralor. Se trata de superar este proceso en donde el conjunto de la acción de control concluye con una aprobación de informes y una determinación de responsabilidades desde el ejercicio unipersonal de la autoridad de la Contraloría. En el proyecto la decisión se realiza con un principio deliberativo, con un debate acerca de cuál es el criterio técnico y legal para proponer tanto la aprobación de un informe como la determinación de responsabilidades.

¿Este tribunal de cuentas cómo estaría conformado y cómo se elegirían a sus miembros?

Estaría integrado por siete miembros. Dos de ellos designados por la Asamblea Nacional, uno por la mayoría y otro por la minoría parlamentaria. Otro lo nombra el Presidente de la República y cuatro escogidos por concurso público. Dos de ellos por concurso abierto a la ciudadanía y los otros dos funcionarios de carrera de la Contraloría, por concurso interno.

En el caso de la consulta popular que lleva adelante el Presidente y de aceptarse su propuesta, ¿cómo se implementaría?

Al Presidente le he presentado dos propuestas. La primera es una pregunta y la segunda es una ley orgánica que sustituya la Ley Orgánica de la Contraloría. Le he entregado la pregunta para que consulte al país si está de acuerdo o no con que las competencias de la Contraloría General del Estado se organicen como un tribunal de cuentas y de estar de acuerdo que la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de 180 días conozca y resuelva sobre la ley orgánica que sustituya a la Ley Orgánica de la Contraloría.

¿Pero esa ley en la práctica no reformaría la Constitución?

No porque no hay un cambio en la estructura del Estado, no estamos desapareciendo al organismo de control sino que las competencias que la Constitución fija para este se estructurarían como un tribunal y no como una autoridad personal. No hay cambio de competencias.

¿Si todos los informes pasarán a estas salas no se centralizan las funciones?

Al contrario. En este momento está todo centralizado. Hay algunos aspectos el la reestructuración interna de la Contraloría para los cuales estoy facultado. Estas decisiones ya las he tomado; esta semana se publicó en el Registro Oficial una reforma interna por la cual se ha perfeccionado la sectorización de las direcciones de control. Se ha disuelto la Dirección de Auditoría Ambiental y de Proyecto que antes concentraba los macroproyectos del Estado y ahora serán analizados en cada una de las direcciones sectoriales. Esto ya está en ejecución y esta semana se están produciendo los ajustes administrativos de personal.

¿Es usted favorable en derogar la enmienda que retiró a la Contraloría la facultad para las auditorías de gestión?

Dentro del proyecto que he presentado se incluye una recuperación de dos competencias  de la Contraloría: la de realizar auditorías de gestión y la competencia para el control previo, es decir para emitir informes previos de la contratación pública. La primera es esencial porque un elemento consustancial a la naturaleza del control público es el carácter unitario del sistema, el cual no puede romperse, fraccionarse o escindirse.

¿Ha perdido la Contraloría facultades de control por esa enmienda?

Por supuesto porque no es posible auditar integralmente un recurso presupuestario del Estado sin poner en relación la función presupuestaria que ese recurso tiene y su ejecución. Son dos cosas que están unidas, no puede haber simplemente una auditoría contable del recurso sin tener en cuenta el destino. Eso pone en relación necesaria la auditoría de gestión con la auditoría contable.

¿Retomar la facultad del informe previo no entorpece la acción del Estado, ya que todos los contratos se tendrán que aprobar allí?

Es muy importante que la Contraloría sea un órgano no solamente punitivo, que tenga una presencia siempre posterior. Es muy importante que prevenga. Al fraccionar este proceso y retirar a la Contraloría el informe previo deja al funcionario público sin un recurso de acompañamiento muy importante y a la Contraloría se le obliga a actuar sobre procesos terminados. Por eso creemos que es muy importante recuperar esa función. (I)