La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo para justificar el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos Tuárez, y los consejeros Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá.  

A la mesa legislativa acudieron este lunes 22 de julio de 2019 los asambleístas proponentes de la interpelación: Jeannine Cruz, de CREO; Raúl Tello, del BADI (Bancada Acción Democrática), y Fabricio Villamar, independiente.  

Cruz señaló que al crear una comisión para revisar el proceso administrativo de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), en la sesión del pasado 10 de julio de 2019, los cuatro consejeros del CPCCS actuaron de forma dolosa.       

Según la asambleísta, ellos desconocieron una orden legítima de autoridad competente, lo que configura el tipo penal establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además incurrieron en incumplimiento de sus funciones y una grave afectación a la seguridad jurídica.

Villamar dijo a la comisión que en el caso de Tuárez se violó el artículo 21 de la Ley del Consejo de Participación que prohíbe a sus integrantes ser miembros de un culto religioso.

Aclaró que el certificado de la parroquia de Santa Catalina expresa claramente que el presidente del CPCCS, a pesar de que tiene una prohibición para oficiar misa, sigue siendo un cura. “A menos que el Vaticano disponga lo contrario, por lo tanto, todo lo que el señor ha juramentado y dicho públicamente se cae con la certificación”, aseguró.

El documento anotado indica que el 24 de enero del 2019, el máximo órgano administrativo de la orden únicamente prohibió a Tuárez ejercer su ministerio sacerdotal, pues contravino las normas canónicas y civiles. Esto debido a que se candidatizó para el cargo de elección popular, violando el reglamento de cultos religiosos que prohíbe a sacerdotes participar o patrocinar reuniones o manifestaciones electorales.

No obstante, conserva su calidad de religioso ya que el sacerdocio solo puede ser retirado por la Santa Sede, previo al respectivo proceso canónico, lo cual no ha ocurrido.

El asambleísta Tello señaló que los cuatro consejeros de mayoría del CPCCS cometieron una ilegalidad al conformar la mencionada comisión, para revisar el dictamen de la CC.  

Dijo que de esta manera la intención final era observar los nombramientos del Consejo Transitorio, lo que estaba prohibido por la resolución del organismo constitucional.  

Una vez que se escucharon las intervenciones de los tres legisladores interpelantes los miembros de la comisión fijaron para el próximo lunes 29 de julio de 2019 la comparecencia de los consejeros del CPCCS acusados, para que expongan sus descargos.  

La mesa legislativa tiene hasta el 8 de agosto de 2019 para decidir si procede el juicio político, pero según Villamar el informe estará listo antes del 5 de agosto.

La intención es que en caso de que la comisión dé paso a la interpelación, el pleno de la Asamblea pueda tramitar antes de la vacancia legislativa que se inicia el 11 de agosto de 2019. (I)

Tres procesos
Primer pedido de juicio
Con 57 firmas de respaldo, el asambleísta independiente Fabricio Villamar presentó el 8 de julio de 2019 la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez.   

16 de julio de 2019 fue la fecha en que la coalición legislativa presentó su pedido en contra de 4 miembros del CPCCS.

El tercer pedido  
El asambleísta Raúl Tello presentó este mismo 16 de julio la solicitud de juicio contra Tuárez y el consejero Gómez. (I)