Más de 4 horas duró la sesión de la Comisión de Fiscalización para poner en conocimiento y aprobar el informe del juicio político en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno.

Finalmente, con 10 votos a favor y dos abstenciones ( José Egas y Silvia Salgado), la mesa legislativa aprobó el proceso, que será remitido a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para que sea socializado con los 137 legisladores antes de la sesión del pleno que, prevén, sea la próxima semana.

El documento elaborado por Fiscalización estaba resumido en 140 páginas con 5 puntos, 17 conclusiones y una recomendación.

La Comisión concluyó que el Fiscal General del Estado difundió el audio mediante rueda de prensa, pero tuvo conocimiento de su existencia por medio de un parte policial.

Para la mesa, Baca sí incumplió sus funciones por la difusión de la información la cual está sujeta a reserva de ley y cuya circulación es restringida conforme los artículos 472 y 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Así, aclara que no debía divulgarlo en rueda de prensa.

La Comisión aportó que este accionar produjo que el tema sea mediatizado y maximizado.

Dentro de la comparecencia, Baca indicó que el audio difundido es información pública. Ello fue considerado en el informe. Sin embargo, la Comisión consideró que "la información que se encuentra en la plataforma administrada por Twitter (empresa multinacional) no es pública".

Agregó que ninguna persona que intervenga en una investigación previa puede difundir información que forma parte de esta.

"La grabación de la conversación entre Carlos Pólit y José Serrano no se volvió pública por voluntad tácita de los interlocutores al ponerla en una red social, ya que el artículo 472 establece que para su difusión se requería de su consentimiento expreso", aclara el documento.

Dentro del informe, también se aclara que no existe una conspiración por parte de la fiscal subrogante Thania Moreno en contra del fiscal, porque "todas las denuncias fueron presentadas por ciudadanos, las cuales no han sido abiertas de oficio".

Sobre este tema, Fiscalización también consideró que Baca incumplió sus funciones, "puesto que al considerarse víctima de delitos que no se han logrado probar su cometimiento, no ejerció las atribuciones que le reconoce el propio ordenamiento jurídico para evitar su cometimiento, proteger a la víctima y garantizar la comparecencia de las posibles responsables al proceso".

Todas estas conclusiones aclaran que el fiscal Baca no actuó con observancia de la debida diligencia y en aplicación de las garantías del debido proceso, incluso con la divulgación del audio violó la cadena de custodia.

Sobre el parte policial, que supuestamente fue elaborado a base de presiones por el sargento segundo Danny Ibarra, la mesa consideró que existen "graves irregularidades". Así, consideraron que el expediente deberá ser remitido a la Fiscalía, Comandancia General de Policía y Ministerio del Interior, para que determine las responsabilidades respectivas. (I)

Con 10 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de @FiscalizacionAN aprueba el informe con el cual se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el trámite de #JuicioPolítico contra el Fiscal General del Estado, #CarlosBacaM. pic.twitter.com/0ChAEytbYq

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 19, 2018