Entrevista / Rosana Alvarado / ministra de justicia y derechos humanos

"El 70% de personas privadas de libertad tiene sentencia, el 30% no"

| 10 de Noviembre de 2017 - 00:00

Los hechos ocurridos en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en la provincia del Azuay, en donde se descubrieron tortura y extorsión, desnudó la realidad del sistema carcelario ecuatoriano.

Pese a la nueva infraestructura, los cambios en la normativa y las grandes inversiones realizadas en los últimos años, el sistema de rehabilitación social del país sigue siendo uno de los problemas nacionales.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, en diálogo con EL TELÉGRAFO explica la situación, las acciones emprendidas y el aporte de la cartera de Estado en la lucha contra el abuso sexual escolar.

¿Cuánto se ha avanzado en el sistema de rehabilitación social?

Creo que es indiscutible el paso de una década con transformaciones, no solamente por la construcción de infraestructura, sino por el modelo de rehabilitación que se implementó. El sistema penitenciario que actualmente tenemos no se compara con el que había en 2007, poco a poco hubo cambios que vinieron de la mano de la aprobación de leyes y de una política de rehabilitación.

¿Cuál es el principal problema de nuestros centros de rehabilitación?

La seguridad y el hacinamiento siempre son los problemas frecuentes en los que hay que trabajar.

¿El hacinamiento en qué nivel se encuentra?

Tenemos un hacinamiento que supera el 42%, es una cifra que si la ponderamos a nivel regional no debería alarmarnos, pues Perú tiene el 180% y Bolivia el 230%, pero no es bueno tomarlo en función de esa referencia, sino más bien la alarma debe persistir porque es una cifra que crece, que no se estanca, ni disminuye. El próximo año podríamos tener el 43%.

¿Cuántos privados de la libertad hay ahora en el país?

Aproximadamente son 36.500. Antes con el Código Penal había un procedimiento más rápido para la liberación de las personas privadas de la libertad, hoy con el Código Orgánico Integral Penal hay algunos problemas a los que se suman resoluciones como la de la Corte Nacional de Justicia que estableció la acumulación de penas en el caso de sustancias ilícitas. Permanecen más tiempo, entran más personas, eso conduce al hacinamiento.

¿El exceso del uso de la prisión preventiva como medida cautelar es otro factor?

La estadística indica que el 70% de personas privadas de la libertad  tiene sentencia y el 30% de personas procesadas están sin sentencia. Si comparamos con lo que antes sucedía no estamos mal, pero debería bajar. Lamentablemente los jueces aún se inclinan por la prisión preventiva como medida cautelar.

¿Se debe acudir a otras medidas cautelares?

Así es, hay otras que podrían ser suficientes. No desconozco la necesidad, la urgencia de que en casos como delitos contra las personas, contra la integridad sexual, definitivamente debe establecerse la prisión preventiva, pero en otros casos se puede recurrir a las medidas sustitutivas.

¿Cómo se encuentra el uso de dispositivos electrónicos?

De los 4.000 dispositivos que teníamos, 700 se colocaron a privados de la libertad, de manera que los jueces utilizan esta medida y para nosotros, como Ministerio, es una herramienta válida que evita el ingreso de detenidos que no resulten peligrosos o que no sean un peligro social.

¿En qué ha quedado el caso de la cárcel de El Turi?

Está en investigación judicial, en eso no podemos intervenir. Lo que hicimos fue colaborar, entregar toda la información y contarle a la ciudadanía lo que sucedió. Se investiga, lo más preocupante se desarrolla a raíz de un operativo de rutina el 31 de mayo de 2016 en donde se torturó a privados de la libertad. El caso Turi avanza a nivel judicial.

¿Se declaró la nulidad del caso?

Hubo nulidad de todo lo actuado, precisamente para volver a investigar, dado lo complejo del caso. En un Estado como el nuestro, con la Constitución, y el compromiso de respeto a los derechos humanos no podemos permitir la impunidad y por eso damos las facilidades a las autoridades y no vamos a poner reparos a las sanciones que se aplicarán a los 46 policías, cerca de 10 funcionarios y a los internos involucrados.

¿Es verdad que a diario recibe denuncias contra guías penitenciarios?

Así es, se reciben a diario. Hay gente honesta muy correcta que hace muy buen trabajo que no se deja contaminar del ambiente penitenciario que es de alta y fácil infección en Ecuador y el mundo, pero hay muchos que lastimosamente caen en lo malo y en eso influyen factores como la cercanía con la amenaza, la intimidación, el chantaje, lo cual sucede a diario.

¿Cuáles son los tipos de denuncia que predominan contra los guías?

La mayoría es por ingreso de objetos prohibidos, de sustancias sujetas a fiscalización, de armas y también por evasión que es por permitir la fuga.

¿La extorsión de privados de la libertad a familiares de otros internos en qué nivel se encuentra?

Ese es el segundo caso que se   denunció a propósito de lo sucedido en Turi, porque allí se cometía la mayor parte de este delito que está presente en la mayoría de centros de rehabilitación; entonces aquí hay un trabajo primero por identificar, la Policía nos ayuda, hace la  investigación y encontramos que en muchos casos también intervienen funcionarios públicos   en el delito, son de las áreas administrativas, de investigación y de la misma Policía.

¿Hay otros delitos descubiertos?

Hay una investigación reservada porque no solo se hablaría de crimen organizado, sino del cometimiento de otros delitos, pero eso es confidencial.

¿En dónde radica el problema?

Es el sistema penitenciario, si bien hay diferentes tipos de personas en los centros de rehabilitación, ahí se encuentra la gente que más daño  ha causado a la sociedad. Tenemos muchas necesidades, como duplicar el número de agentes de seguridad penitenciaria, porque los aproximadamente 1.500 que hay  son insuficientes.

¿Se trabaja en el contrato de personal?

Se lo está haciendo, pero no es de un momento a otro, porque para contratar, primero hay que formarlos porque son técnicos en seguridad penitenciaria que requieren de una capacitación de dos años.

¿Sería necesario otro estado de emergencia?

Es algo que se ha analizado, yo particularmente al inicio pensaba en eso como una posibilidad, considero que las cosas se están calmando, pero no descarto que sea una medida que en algún momento se tomará, sobre todo en algunos centros si es que hubiera complicaciones. La emergencia es algo que se mantiene como posibilidad, pero en este momento no se analiza.

¿Cuáles son las cifras que tiene el Ministerio sobre privados de la libertad por delitos sexuales?

Los datos son cambiantes y algunos tipos de delitos eran diferentes antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Con el Código Penal anterior los privados de la libertad por violación eran 2.127 y por atentado al pudor eran 273, ahora con el nuevo, por violación 2.196 y por abuso sexual 752, con corte al 27 de septiembre.

¿Cuál es la participación del Ministerio de Justicia en la lucha contra el abuso sexual escolar?

Hay varios temas que ya se han  desarrollado, tenemos los convenios de cooperación entre el Ministerio de Educación, Fiscalía, Judicatura y Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos específicamente los servicios de protección especial, ahí se les da ayuda y terapia sicológica a los niños afectados. Ahora por lo que ocurre se  desarrolla una estrategia para dar  protección sostenida durante algún tiempo para evitar que estos niños tengan repercusiones más graves. (I)