El superintendente de Bancos y Seguros, Cristian Cruz, confirmó que una sentencia judicial declaró la nulidad de la venta de Teleamazonas. El fallo “les da la razón (a la entidad), ya que nunca se realizó el proceso de desinversión del medio de comunicación”.

El funcionario aseguró que la sentencia declara nulos los contratos con los 2 fideicomisos, a donde se traspasaron las acciones de la televisora, “a través de los cuales el propietario original, seguía teniendo el control del medio”.

Aclaró que esta sentencia es de primera instancia y los afectados tienen derecho a la apelación y las demás diligencias procesales estipuladas en la ley.

Pero una vez ejecutoriado el fallo los propietarios tendrán 90 días para efectuar la venta, de acuerdo con los parámetros legales, lo cual será supervisado por la Superintendencia de Bancos.

Para Cristian Cruz, en este caso se simuló la adquisición de la empresa con los fideicomisos, donde los trabajadores de Teleamazonas compraron parte del paquete accionario.

Sin embargo, los empleados que adquirieron dichos títulos y que por cualquier motivo salían de la empresa o renunciaban, siendo propietarios de  las acciones, “no tenían capacidad de decidir quién sería el nuevo accionista, lo cual era potestad de los constituyentes del fideicomiso”, señaló Cruz

Estas declaraciones las formuló ayer durante su comparecencia  ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. A su criterio,  con estos hechos el juez que conoció la causa concluyó que la venta fue simulada, porque los compradores no tenían la capacidad de ejercer sus derechos, tanto así que los titulares del fideicomiso seguían tomando las decisiones, entre los cuales constarían familiares de Fidel Egas, dueño del Banco Pichincha.

La demanda de la Superintendencia de Bancos presentada en mayo de 2013 -como informó este diario en su momento-, señalaba que “no existe una real capacidad de pago de las acciones compradas, puesto que los compradores dependen del crédito otorgado por la entidad financiera del mismo sujeto vinculado. El pago del préstamo y del saldo por la compra de las acciones depende de utilidades cuya eventualidad está en manos de los constituyentes y beneficiarios, que son las mismas empresas de Egas”.

El entonces superintendente de Bancos, Pedro Solines, pidió a la justicia “la nulidad de los contratos de compraventa de acciones y de los consecuentes contratos de Encargo Fiduciario y prenda ordinaria de comercio, así como la nulidad absoluta por los actos jurídicos de simulación en fraude al Derecho Público y por la retención en que incurren entidades financieras y personas naturales y jurídicas”.

En los contratos de compraventa de acciones de Teleamazonas se estipulaba una opción, para que 135 empleados del canal pudieran adquirirlas no solo a través del préstamo con Banco Pichincha, cuyo principal inversionista es Fidel Egas Grijalva, dueño de dicho medio de comunicación, sino también cancelar el saldo pendiente con las utilidades que generase la compañía Centro de Radio y Televisión (Cratel C.A.), razón social de la televisora.

“Gracias a Dios ha salido la sentencia en primera instancia, donde el juez dictamina que la venta es nula, simulada, que tiene 90 días para que el señor Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha, venda las acciones porque es ilegal e inconstitucional”, indicó el presidente Rafael Correa el martes pasado.

El Mandatario cuestionó que el tema haya quedado en el olvido para ciertos sectores, “¿Qué periodismo investigativo ha hablado de este caso?”,  cuestionó, tras señalar que algunos creen que la corrupción solo está en el sector público, pero también está en el sector privado.

Con la Constitución de 2008 se prohibió a los banqueros ser dueños de medios de comunicación “en un paso extremadamente acertado, para evitar crisis como la de 1999, donde los bancos tuvieron complicidad de sus propios medios”, aseguró Correa. (I)

DATOS

Alrededor de 161 compradores firmaron contratos de encargo fiduciario para la custodia y enajenación de las acciones en caso de incumplimiento, a través de los fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, administrados por Produfondos, de los cuales aproximadamente 135 eran empleados del canal.

El artículo 132 de la Constitución y las resoluciones de cumplimiento obligatorio de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos señalan como sujetos de la prohibición de mantener vinculación con medios de comunicación colectiva, entre otros, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio u organismo que haga sus veces, a sus accionistas, así como, a sus cónyuges y parientes dentro del primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad.