El pleno de la Asamblea Nacional tuvo 104 votos para destituir la noche del 24 de noviembre del ministerio de Gobierno a María Paula Romo. “Hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí”, señaló al final de su interpelación. ¿A quiénes se refería?

Yofre Poma. El asambleísta fue sentenciado el 8 de noviembre de 2019 a un año y cuatro meses de prisión como cómplice por haber ingresado a las instalaciones del pozo petrolero en Sucumbíos, durante el paro nacional de octubre 2019.

La Fiscalía acusó a nueve ciudadanos por haber ingresado de forma violenta el ‪7 de octubre‬ a las instalaciones de la empresa petrolera estatal, Petroecuador, y de haber obligado a varios técnicos de esa institución a paralizar el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

Esa interrupción, según el Ministerio Público, "duró dos horas y 19 minutos" e impidió el bombeo o transporte de "31.286 barriles de petróleo." Lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado" de más de $1,7 millones".

Los jueces del tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificaron, el jueves 2 de abril de 2020, la suspensión condicional de la pena del asambleísta, tras lo cual regresó a la Asamblea Nacional. 

Doris Solíz. La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República entregó el 5 de noviembre de 2019 la noticia criminis y solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar a la exministra de Inclusión Económica y Social y actual asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) por Azuay, Doris Soliz, por presuntos delitos contra la administración pública en el caso Coopera.

La investigación contra Doris Soliz se enmarca en la compra del negocio productivo y bienes muebles e inmuebles de la extinta cooperativa Coopera, realizada por el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y autorizada por la exministra de Estado por $10,2 millones aproximadamente. Esta adquisición pasó a la Cooperativa Prograserviv, organismo de derecho privado creado para el efecto.

El IEPS, mediante oficio del 16 de enero de 2014, solicitó a la exministra Doris Soliz la autorización para proceder a participar en la compra del negocio de Coopera. La investigación penal debe aclarar por qué la ex máxima autoridad del Ministerio aprobó que el IEPS realice esa transacción. Aparentemente, no existe base legal que sustente la acción.

Esteban Albornoz. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Fiscalía General del Estado en 2017 a Jorge Glas, Vicente Albornoz y cinco funcionarios más porque, supuestamente, habrían recibido $3,3 millones en sobornos de Caminosca.

Esta compañía, fundada el 13 de mayo de 1976, fiscalizó proyectos ejecutados por el Gobierno de Rafael Correa, como la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la optimización de generación eléctrica del Distrito Amazónico. Los contratos de las dos primeras obras, según la Fiscalía, tendrían relación con la trama de sobornos de la empresa Odebrecht. 

Marcela Aguiñaga. El viernes 16 de marzo, la Contraloría General del Estado ratificó la glosa en contra de la actual asambleísta de la RC y exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, por no haber justificado el pago de cerca de $ 41 millones por la adquisición de 66 lotes en los que se construyó el Parque Samanes, al norte de Guayaquil.

En 2010, el Ministerio del Ambiente canceló al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por estos terrenos. Sin embargo, la Contraloría detectó que la cartera de Estado pagó siete veces más que lo que registra el avalúo del Municipio de Guayaquil, que cifra en $ 7,1 millones el valor de esas hectáreas.

José Serrano. En agosto de 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, viajó a Panamá en búsqueda de acuerdos políticos con el bucaramismo. "Lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político y, en ese proceso político, a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glas", señaló en televisión nacional. 

Rodrigo Collahuazo. En septiembre de 2016 las redes sociales expusieron varios videos en los cuales, aparentemente, el asambleísta de la RC, Rodrigo Collahuazo, y la dirigente correísta, Carla Delgado, impartían entrenamientos paramilitares. En ellos se observaba a militares adiestrando a grupos de activistas cómo formar “fuerzas de choque” y aporrear personas; defenderse de ataques, cómo recoger bombas lacrimógenas del suelo y lanzárselas a otros; como soltarse de la Policía y cómo atacar a manifestantes del lado contrario.

Él señaló que estaba dictando un curso de oratoria. 

Daniel Mendoza. Se acogió a un proceso abreviado, es decir, reconoció que participó de una trama de corrupción para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción de Hospital de Pedernales en Manabí. Mendoza presentó audios y chats que revelaban una estructura organizada para planificar y dirigir mecanismos de contratación pública y así obtener dinero de forma ilícita.

Mendoza está en prisión desde junio de 2020, sin embargo, su alterna, la legisladora Colamarco Pinuccia votó a favor de la destitución de la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo.

¿Recuerdan la frase "o se caen las medidas o se cae el Gobierno"? La dijo una legisladora de la RC ,en octubre de 2019, en clara alusión a que las manifestaciones tenían fines desestabilizadores. Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía se refugiaron en la embajada de México apenas fracasó ese plan.

¿Quiénes los reemplazaron en la legislatura? José Agualsaca, Martha Chactong y Xavier Casanova, respectivamente. No hubo ninguna sorpresa. Votaron por la censura y destitución de la Ministra de Gobierno.   

La situación legal de varios legisladores no es clara. En mayo de 2019 la Fiscalía hizo público el inicio de indagaciones previas en contra de varios legisladores por concusión (diezmos), entre ellos María José Carrión, Teresa Benavides y Alberto Zambrano, Juan Pablo Velín, Washington Paredes, Tito Puanchir, Fernando Flores y Raúl Aquilla (foto). ¿Qué ha sucedido con esos procesos?