El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, confirmó la devolución al Estado ecuatoriano de los $ 41 millones que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) cobró de más al Ministerio del Ambiente, por la compraventa de los terrenos para la construcción del parque Samanes, en Guayaquil.

También sostuvo que el Issfa recibe del Estado ecuatoriano $ 120 millones  mensuales y que el monto devuelto es solo la tercera parte de lo que el Gobierno le entrega. Además, dijo que el patrimonio de esa  institución es de $ 1.300 millones.

El Ministro aseguró que del tema se ha hecho todo un escándalo y que, si bien es cierto que se debe discutir, lamentó que se haya politizado.

“Lo que pasó es que fue un pago en exceso, la ley decía que tenía que pagarse una cantidad y se pagó de más y, por supuesto, que había que hacer el cruce de cuentas y la devolución”, manifestó Patiño.

Cuestionó las versiones de algunos militares en servicio pasivo sobre el tema, quienes incluso ayer realizaron una marcha de protesta por esta decisión y plantearon un recurso legal para frenar la decisión de la Contraloría y la Procuraduría.

La manifestación se efectuó hasta la Unidad Judicial de Pichincha para interponer la acción. Wagner Bravo, asesor legal, manifestó que la medida cautelar busca defender los recursos de la institución. No descartaron realizar una movilización a nivel nacional.

En ese sentido, Patiño cuestionó versiones que apuntan a que se quiere desmembrar a las Fuerzas Armadas y que “hay algunos politiqueros que, con la pensión que les da el Gobierno están haciendo política”. Y concluyó que el Ejecutivo ha pagado a tiempo las pensiones.

No obstante, reconoció que sí existe una deuda del Estado con el Issfa, como consecuencia de la baja del precio del petróleo, así como hay con otras instituciones.

También el presidente Rafael Correa se refirió a este tema, a través de su cuenta de Twitter. “Asunto ISSFA-Samanes: La Contraloría -al igual que la Procuraduría- volvió a darnos absolutamente la razón. Detalla cómo se vendieron tierras agrícolas como tierras urbanizadas y por m2, a 6 veces más su valor catastral. Por eso ordena la devolución de $ 41 millones pagados de más”.

Agregó que de acuerdo con la ley de Contraloría, en su artículo 92, las recomendaciones de auditoría deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio. “Esta es plata del pueblo ecuatoriano, y ya está hecho el respectivo débito. Algunos oficiales pasivos tienen el derecho de poner las acciones jurídicas que quieran. A lo que no tienen derecho es a engañar, o a esgrimir argumentos tan ‘profundos’ como ‘hay que defender al ISSFA’, sin importar la verdad, la justicia, el bien común”, continuó.

Recalcó que el Gobierno entrega $ 120 millones mensuales al ISSFA “(¡gasto público!). Lo descontado es la tercera parte, además de que, con las últimas enmiendas, las pensiones militares y policiales están garantizadas en la Constitución”.

Y se preguntó: “¿Por qué el ISSFA tenía tierras que eran destinadas a la defensa? ¿Por qué hacemos mutis por el foro ante lo evidente? ¿Qué nos pasa como sociedad?”, concluyó.

La Contraloría recomendó que el Issfa debía devolver $ 41 millones que cobró en exceso al Ministerio del Ambiente, por la compraventa de 66 lotes de terreno para el parque Samanes.

La cifra que debía pagarse era de $ 7 millones, pero se utilizó el avalúo fijado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac), que determinó en $ 48 millones, y no el que establecía la Municipalidad de Guayaquil. (I)