Tanto en el encabezado de este artículo carente de todo tipo de veracidad, como en el desarrollo de su contenido, se argumenta, entre otras falsedades, que al entregar mi declaración patrimonial juramentada se omitió cierta participación accionaria en determinadas empresas, hecho que es totalmente IMPRECISO, INEXACTO E INFUNDADO, toda vez que mi declaración patrimonial juramentada contiene TODOS los activos y pasivos que constituyen mi patrimonio, lo cual además, como exige la ley, al momento de su presentación para asumir el cargo de asambleísta provincial, fue registrado oportunamente en la Contraloría General del Estado.

Y lo más grave es que ni siquiera se realiza un trabajo investigativo para fundamentar una noticia, la cual, como en mi caso, me ha sometido a un terrible estado de exposición en base a mentiras y supuestos. Pero esta desagradable nota periodística no solamente me perjudica a mí, sino también a mi padre, Mariano Zambrano Segovia, quien por la circunstancia política de ser uno de los prefectos de mayor popularidad en el país también lo aluden con estas calumniosas manifestaciones que más parecen vulgares pasquines concebidos solamente en el arte de la miseria.

Sin lugar a dudas este salvaje ataque mediático obedece a intereses políticos, lo grave es que surge desde un medio público que intentaba recuperar su patrimonio de credibilidad; en mi caso seguramente por haber sido el asambleísta más votado de la provincia de Manabí; en el caso de mi padre, por ser el prefecto reelecto con abundante aceptación de sus mandantes. Se afirma además en este insensato reportaje una supuesta prohibición en la cual estaríamos incursos mi padre y yo, esto a propósito de las empresas en las cuales no tenemos cargo de gestión ni representación. Al respecto el artículo 113, numeral 1) de la Constitución de la República establece claramente las prohibiciones desde el momento de las candidaturas a los cargos de elección popular “113.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 1): Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales”.

En el mismo sentido, existen también pronunciamientos vinculantes al sector público sobre la aplicación de la ley de cumplimiento obligatorio emitidos por la Procuraduría General del Estado, relacionados a las inexistentes prohibiciones en las que supuestamente estaríamos incursos tanto mi padre como yo, es así que mediante oficio N° 05783 del 5 de enero de 2012, la Procuraduría General del Estado absuelve la consulta al respecto de las prohibiciones de los servidores públicos:

Del análisis que precede se desprende que los servidores públicos y sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como las personas jurídicas en que estos tengan participación, están impedidos de suscribir contratos con la entidad en la que el respectivo servidor ejerza funciones, pues de hacerlo contravendrían la prohibición.  

De lo relatado se desprende con eficiente claridad que ni el suscrito, ni mi padre estamos incursos en prohibición alguna, tal como maliciosamente afirman protervos intereses y promulgan notas periodísticas que desmerecen la naturaleza de una noticia verdadera, ya que ni el asambleísta Mariano Zambrano Vera mantiene contrato alguno directa ni indirectamente con la Asamblea Nacional, ni Mariano Zambrano Segovia mantiene contrato alguno con el gobierno provincial de Manabí.

Asimismo, es menester aclarar que mi padre y yo no incurrimos en la prohibición general prevista en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que, de manera antojadiza e infundada, ha sido invocada por EL TELÉGRAFO y por ciertos actores políticos. Debido a que, si se atiende al contenido expreso de la mencionada norma legal, la inhabilidad radica en la acción de “celebrar contratos con el Estado”, lo que guarda consonancia con la inhabilidad constitucional de prohibir el ejercicio a cargos de elección popular a quienes ostenten la calidad de apoderados y representantes legales de compañías contratistas del Estado. Por lo tanto, no hay tal inhabilidad porque tanto mi padre como yo no fungimos esas calidades de representación y por ende no hemos suscrito ni celebrado contrato alguno con el Estado ecuatoriano.

Con esta aclaración se evidencia la manera tendenciosa de aplicar infundadamente una norma para desprestigiarnos. Lo más triste de esta malintencionada situación no solo es la exposición pública a la que hemos sido sometidos conjuntamente con mi padre, la tristeza que más me embarga es el extremo humillante al que se ha orillado la dignidad de cientos de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad laboral del grupo empresarial que mi padre con mucho esfuerzo conformó a lo largo de los últimos treinta años, pretensiones motivadas e insertas en la referida nota periodística, por actores destacados en la arena de la difamación y la calumnia, algunos de ellos castigados al olvido por el pueblo en la condena política de la democracia y otros encargados de orientar en el perfil legislativo la verdadera conducción jurídica y fiscalizadora de la patria. Ninguno de ellos merece más que el desprecio y la mínima atención con respecto a sus insensatas aseveraciones, pero aquellos cientos de familias a los que me he referido con enorme cariño y fraterna dedicación les dedico solidariamente la defensa de su reputación.

Finalmente, hago un llamado público a este medio que algún día capitalizó su prestigio como el ‘Decano de la Prensa Nacional’, posiblemente uno de los pioneros de la prensa escrita, el día de hoy sometido con este tipo de infundadas notas a una tribuna de desprestigio de su propio pueblo; un llamado a recapacitar y orientar sus actividades a su esencia natural, un periodismo investigativo, veraz, preciso, contextualizado y eficaz, siempre al servicio del pueblo y la verdadera información. (O)

Parte pertinente a la declaración juramentada del asambleísta Mariano Zambrano Vera, donde consta su participación accionaria en Marzan.