El incremento de la siniestralidad vial en Ecuador motivó que el presidente de la República, Lenín Moreno, firmara un pacto de seguridad vial con los gremios de transportistas del país y también con representantes de la sociedad civil la tarde de ayer en el Palacio de Gobierno.

El objetivo es consensuar soluciones conjuntas tendientes a terminar y prevenir la mortalidad  y los accidentes de tránsito.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, recordó que de enero a junio de 2017 murieron, a causa de percances de tránsito, 1.011 personas en todo el Ecuador, lo que ha significado un incremento del 4% con respecto al año anterior. Además, heridos de distinta gravedad resultaron otros 10.664 ciudadanos.

El Ministro detalló que en este primer semestre ocurrieron 14.322 siniestros que involucraron a 20.480 vehículos, de los cuales 7.865 fueron automóviles, 3.596 motocicletas, 2.752 buses (ver gráfico). Las causas que provocaron más percances fueron la distracción del conductor por el uso del celular, ingesta de alimentos o maquillarse al momento de manejar.

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El funcionario recalcó que las estadísticas muestran que el 46% de víctimas fueron los conductores, seguidos de peatones y pasajeros.

Por estos motivos, Granda señaló que desde el Gobierno se tomó la iniciativa de convocar a los gremios de transportistas, así como a representantes de organismos civiles y colectivos de familiares de víctimas de accidentes de tránsito para encontrar soluciones que eviten y prevengan este mal.

Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano, durante el encuentro con el presidente Moreno señaló que desde su gremio asumen la parte de “responsabilidad que corresponde, no podemos escondernos del problema, pero creo que debe ser compartida”.

El dirigente comentó que de los datos presentados se demuestra que los conductores son los que más fallecen por causa de los accidentes.

“Los transportistas en general de las 11 modalidades de transporte proponemos que también se hable de una reforma legal que implique la capacitación obligatoria a todo aquel que sale con un vehículo a las carreteras del país”, indicó.

Esta intervención motivó la reacción inmediata del Jefe de Estado, quien se mostró sorprendido por la eliminación del requisito de un curso previo antes de la entrega de la licencia sportman: “Me parece un error terrible, una persona que toma un vehículo tiene responsabilidad y debe ser capacitada, tener incluso ciertas condiciones psicológicas; alguien excesivamente violento no puede estar en un volante”.

Entonces Moreno ordenó que se revisara la normativa para emitir la respectiva reforma en este punto. Además dispuso que el Ministerio de Transporte habilite de inmediato una oficina especializada para la atención a víctimas de los accidentes de tránsito donde tengan asesoramiento legal y psicológico.

También intervino María del Carmen de la Torre, del colectivo ‘Corazones en el cielo’, quien indicó que no solo son víctimas las personas que mueren por causa de los siniestros, sino también las familias que además deben soportar la forma cómo son tratadas por la Función Judicial, que agrava el problema con su lentitud en la tramitación de los procesos.

“La educación y la concienciación a cada ciudadano de nuestro país son vitales para empezar a solucionar este problema”.

El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, comentó que la justicia ha mejorado mucho en el tratamiento de casos de tránsito, pero hay que trabajar en reformas porque la legislación no permite el juzgamiento en ausencia, salvo en delitos de peculado y por corrupción,  por lo que muchos procesos están paralizados porque el sindicado se encuentra prófugo.

Jalkh aclaró que está de acuerdo también con la reforma para que toda persona que aplique a la licencia de conducir tenga que seguir un curso previo, “pero se debe cuidar de que la capacitación no sea monopolizada por una sola escuela”.

El pacto firmado permitirá establecer mesas de trabajo conjuntas para propuestas de reforma del marco legal para mejorar la gestión integral de la seguridad vial del país. Además, desarrollar programas educativos en prevención y seguridad vial, fortaleciendo las capacidades de las entidades de control. La propuesta gubernamental contempla también la creación de una oficina especializada para la atención de víctimas de los siniestros viales. (I)

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Pleno aprueba resolución frente a los accidentes

La Asamblea aprobó, por unanimidad una resolución que busca prevenir, controlar y sancionar los accidentes de tránsito en Ecuador. Además se solidariza con los familiares de las víctimas.

Reconoce como centro y destinatario del servicio público de transporte al ser humano, de tal suerte que las políticas prioricen la calidad, oportunidad y la seguridad para peatones y conductores de vehículos motorizados y no motorizados, de manera especial a los más vulnerables.

Reconoce la labor realizada por el Estado en sus diversos estamentos, así como la de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por los esfuerzos y acciones adoptadas en los últimos años para reducir los siniestros y garantizar la integridad física y el derecho al transporte público seguro.

Recalca la aplicación de nuevas estrategias para reducir los siniestros de tránsito y exhorta a la ANT, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Unidades Administrativas para que se aplique de forma estricta la revisión técnica vehicular y el control a las operadoras de transporte público interprovincial, intracantonal, intrarregionales, interprovinciales, dentro de sus competencias.

Insta al Ministerio de Educación y a la ANT para que implementen las acciones y cursos sobre prevención y seguridad vial en todas las instituciones públicas y privadas, y la elaboración de campañas.

Conmina a las autoridades para que se apliquen las sanciones a las operadoras de transporte que incumplan la ley, las cuales deberán ser drásticas cuando los incumplimientos causen muertes, entre ellas, la revocatoria de autorizaciones, permisos o contratos de operación.

El Pleno pidió al Ministerio de Transporte y a la ANT formar el Consejo Consultivo, como lo exige la ley, mientras que al Consejo de Administración Legislativa le requirió conformar una comisión especializada ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo.

El proyecto de ley lo presentó la asambleísta Elizabeth Cabezas, ante los últimos accidentes mortales. (I)