La Asamblea busca revertir, en cerca de 6 meses que le quedan de gestión, ese 5% de credibilidad, mejorar y levantar su imagen, con el análisis y trámite de las denuncias en contra de sus integrantes por actos reñidos con la ley. 

El primer comité de ética fue designado por el pleno de la Legislatura, como establece la Ley de la Función Legislativa que fue publicada en el Registro Oficial, el pasado mes de noviembre. Sin embargo, la normativa no establece quién debe convocar a la primera sesión a los posibles integrantes. 

Estos cinco legisladores, Fernando Callejas de la bancada de CREO; Eddy Peñafiel de la Bancada de Integración Nacional; Brenda Flor de Alianza PAIS; Patricia Henríquez del Partido Social Cristiano y Hermuy Calle de la Revolución Ciudadana, propusieron autoconvocarse para su primera reunión el jueves a partir de las 11h00, para nominar al presidente o presidenta y elegir a un secretario. 

Callejas asegura que hay que dar celeridad a este comité. “Es necesario, en otras asambleas de Latinoamérica existen estos comités, todo lo que se haga para luchar contra la corrupción y en este caso un comité para que vele por el buen comportamiento de los asambleístas apegado a la ley, estamos generando confianza en los ciudadanos”, expresó. 

El comité trabajará hasta mayo de 2021 y tendrá tres funciones. La principal será la investigación de denuncias en contra de asambleístas, por actos como el cobro de diezmos, gestionar cargos públicos u ofrecer, tramitar y administrar recursos del Estado que no sean los competentes, entre otros que se establecen en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley de la Función legislativa. 

Una de las primeras acciones que llevarán a cabo los legisladores es buscar una denuncia con el Consejo de Administración Legislativa, para conocer cuáles están pendientes.  Una de las que reposan, desde el pasado mes de febrero, tiene que ver  con la asambleísta Karina Arteaga, que fue acusasda de gestionar cargos públicos.  

Eddy Peñafiel señaló que este caso debe ser llevado al comité.“Yo creo que debe ser tratado el caso de Karina Aarteaga, yo no creo que si ya tenemos una comisión de ética en el interior, sea necesario conformar otra comisión tripartita para analizar ese tema. No puede ser que la denuncia de una asambleísta que pronto terminará su período, no tenga una resolución”, añadió Peñafiel. 

Pero el legislador Callejas asegura que  el asambleísta Fabricio Villamar debe presentar de nuevo la denuncia, en cumplimiento con los requisitos que establece la Ley. 

Otro caso pendiente es el análisis en el pleno del informe sobre supuestas irregularidades detectadas en la emisión de carnés de discapacidad, que recomendó la investigar al legislador Villamar, que tiene un documento que señala una discapacidad auditiva y con el que importó una camioneta. 

La ley explica que esta comisión podrá activarse con una denuncia en contra de un legislador, que puede ser presentada por otro asambleísta o un funcionario. Esta llegará primero al presidente de la Asamblea, quien deberá remitir al Consejo de Administración Legislativa para la revisión de requisitos y de paso a las investigaciones o solicite al acusador sustentar los hechos. 

Callejas destaca que la normativa permitirá que los funcionarios, que se sientan menoscabado en sus legítimos intereses, puedan presentar denuncias y se respete el derecho al trabajo. "Así tiene que ser, yo presenté hace dos años un proyecto para que se tipifique el perverso delito la exacción de recursos, esto de pedir recursos de un colaborador. Cómo puede trabajar un equipo para velar por intereses del país, si un asambleísta está cometiendo este tipo de actos", añadió.   

El comité tendrá 15 días para desarrollar todo el proceso, llamar al acusado, al denunciante, recopilar información y elaborar un informe en el que podrá recomendar la destitución del cargo del legislador o archivar la denuncia. 

La última palabra la tendrán los 137 asambleístas y la destitución del legislador requeriría de 91 votos. (I)