Viernes, 03 Octubre 2014 00:00 Mundo

Los chicos fallecidos son hijos de campesinos de uno de los pueblos mexicanos más pobres

Guerrero vive días de terror tras la desaparición de 43 estudiantes

Infantes de marina mexicanos participan en una patrulla conjunta con policías ministeriales y familiares para buscar a los jóvenes, en Iguala, Guerrero. Foto: AFP.
Infantes de marina mexicanos participan en una patrulla conjunta con policías ministeriales y familiares para buscar a los jóvenes, en Iguala, Guerrero. Foto: AFP.

Los chicos fallecidos son hijos de campesinos de uno de los pueblos mexicanos más pobres

Paula Mónaco

Las mujeres llegan corriendo al trabajo; los vendedores ambulantes tratan de hacer su día; las jornadas del campo no se detienen; los políticos acuden a sus citas con carísimos trajes y los estudiantes siguen en clases. En esta semana, la rutina no se ha interrumpido en México, ni siquiera en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron en pocos minutos.

Ocurrió la noche del viernes 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando fueron atacados por policías municipales. Nada se sabe de los muchachos desde entonces y tampoco se han esclarecido a detalle los hechos que además dejaron 6 muertos y cerca de 20 heridos.

Los jóvenes baleados son hijos de campesinos y trabajadores en uno de los estados más pobres de México. Son futuros maestros que estudian en la Normal Rural de Ayotzinapa, reconocida por su activismo y rechazo a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque ya pasaron 6 días, sin precisiones sobre lo ocurrido, lentamente los testimonios van aclarando un poco el panorama, sobre todo con investigaciones de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Ellos cotejan listas, arman expedientes y entrevistan a familiares y compañeros de las víctimas.

Así, reportan que son 43 los desaparecidos y desmintieron que 13 jóvenes hayan sido localizados, como informó el gobierno de Guerrero.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, se indigna.

“Se trata de graves violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas que además son masivas y con mucho dolor, con mucha violencia”.

Como ejemplo cita “la ejecución extrajudicial de que fue objeto el compañero Julio César Mondragón, que apareció desollado. (Son acciones que) denotan una violencia condenable, algo que no debe acontecer, sobre todo en contra de estudiantes que ningún daño están causando a la sociedad o al país. Es cierto que protestan y se inconforman, pero creo que eso es lo que México necesita, jóvenes que critiquen el estado de las cosas. Por eso no se debe acallar las voces y matar a las personas, mucho menos con la saña con la que se hizo”.

Lo que se sabe

Todo empezó alrededor de las 20:30 del viernes 26 de septiembre. Desde Iguala, el abogado comparte con EL TELÉGRAFO la reconstrucción de hechos que hasta ahora han logrado.

Según sus datos, los normalistas salieron de la central local de autobuses a bordo de 3 colectivos y algunos policías trataron de cerrarles el paso sobre la calle Álvarez. Confrontaron y los autobuses siguieron adelante. Varias veces se repitió la escena hasta que, en la zona del Periférico Norte, “se atraviesa la patrulla 320. Atrás viene un conjunto de otras patrullas y quedan apostadas. Eran la 017, 018, 022, 027 y 028. Los estudiantes bajan de 2 autobuses, intentan empujar la patrulla y entonces los policías sueltan balas de manera indiscriminada. Cae un estudiante y hay fuego indiscriminado por espacio de 15 minutos. Al término del tiroteo los policías van al autobús trasero, bajan a todos los estudiantes que quedaban ahí y se llevan a esos jóvenes”.

Después, “algunos se quedan esperando a las autoridades y peritos mientras está el compañero tirado. No arriba ninguna autoridad. Dan las 10, las 11, las 12 y empiezan a llegar organizaciones sociales y medios de comunicación. Alrededor de la medianoche, de frente por el periférico llega una camioneta modelo Ram color rojo, cuyos tripulantes bajan y abren fuego de manera indiscriminada. Ahí caen muertos 2 compañeros y los demás heridos”.

Durante esa madrugada hubo un tercer ataque en Iguala, en el punto conocido como Santa Teresa. Dispararon en contra de un autobús que transportaba al equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. Murieron entonces David José García Evangelista, de 14 años de edad, y Víctor Manuel Lugo, chofer.

Las autoridades aseguran que en esa balacera “no se advirtió a personas uniformadas o patrullas”, pero los peritajes muestran que al menos 2 armas fueron usadas en los 2 escenarios de balaceras.

Horas después fue hallado el cadáver del estudiante Julio César Mondragón, con marcas de tortura y su rostro mutilado. Otros 2 jóvenes siguen internados en estado grave.

Indolencia en el país

Pegar algunos carteles, formalizar denuncias y difundir boletines ha sido prácticamente todo lo hecho por el Estado mexicano para buscar a los jóvenes.

“Resulta limitado, es insuficiente. Debe de darse mayor celeridad, contundencia y exhaustividad en operativos grandes como peinar zonas ¡Que participen diversas fuerzas de seguridad! ¡Estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos, agredidos por las propias autoridades!”, reclama Rosales.

Relata que apenas este miércoles se hizo el primer operativo en lugares sugeridos por familiares “pero se está llevando a cabo de manera muy lenta”.

Los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa no son nuevos, el año pasado 2 normalistas murieron por disparos policiales durante una protesta en la zona. Y en Iguala la seguridad parece especialmente frágil: también en 2013 el síndico Justino Carvajal Salgado fue asesinado al igual que 3 dirigentes de la organización Unidad Popular.

Diversas voces acusan al alcalde, José Luis Abarca, a quien se ha vinculado con el cártel de los Beltrán Leyva. Él primero dijo que nada sabía sobre los ataques porque estaba “bailando”. Luego admitió que dialogó telefónicamente con el jefe policial y 4 días después pidió licencia. Ahora está prófugo, al igual que el secretario local de seguridad, Felipe Flores Vázquez.

El presidente Enrique Peña Nieto solo ha referido tangencialmente al tema. En una breve mención, pidió al gobierno de Guerrero “asumir su propia responsabilidad” mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano “medidas radicales y un mensaje ejemplar”.

Días de terror se viven en Guerrero. Muchos guardan silencio y cierran las ventanas al paso de las protestas para exigir justicia. Allá marchan familiares, estudiantes, ciudadanos y maestros, pero en el resto del país la vida sigue impávida.

Una triste remembranza de lo que ocurrió hace 46 años, en 1968. Aquel 2 de octubre México vivió la peor masacre estudiantil de su historia, la negra noche de Tlatelolco. El principal noticiero del país nada dijo sobre muertos y desaparecidos, solo se habló de que era un día soleado.

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