Temer plantea congelar el gasto público por 20 años

Brasil se encamina a sacramentar en su Constitución la teoría del Estado mínimo en servicios sociales, siendo un laboratorio mundial del neoliberalismo resurgido con el gobierno de Michel Temer, que obtuvo una victoria para su política de ajuste luego de que la Cámara de Diputados aprobara la enmienda constitucional que congela el gasto público durante 20 años.

Aplaudido por Cristiane Lagarde, jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste brasileño pone en riesgo las conquistas sociales de la Constitución de 1988, ya que por más que haya crecimiento económico y recaudación, los sistemas públicos de salud y de educación no podrán avanzar porque estarán bajo la lógica de un “techo de gastos” constitucional.

Apenas dentro de 10 años un presidente podrá revisar esta enmienda constitucional.

El primer paso fue dado: Temer, en plena crisis, invitó el domingo pasado a una cena a 200 diputados y sus familias para pedirles “la salvación nacional”, es decir, mostrarle al mercado financiero que el Estado retrocederá. Y tuvo éxito. Al mismo tiempo que estudiantes protestaban en la Avenida Paulista de San Pablo y en Río de Janeiro la violencia recrudecía en las favelas.

En la noche del lunes, el pedido de Temer y de las patronales industriales y financieras que sustentan el gobierno lograron una victoria histórica: 366 votos a favor contra 111 y dos abstenciones una enmienda constitucional que congela durante 20 años el gasto público en la principal economía latinoamericana, un proyecto clave para el ajuste fiscal del gobierno de Michel Temer que aún debe pasar por el Senado.

Lo más curioso es que, apenas asumió en forma interina en mayo, Temer duplicó el déficit fiscal que dejó Dilma Rousseff, a quien traicionó para destituirla en un juicio político, y lo llevó a casi $ 60.000 millones. Ahora esta reforma constitucional sin debate en la sociedad quiebra la Carta Magna de 1988 y su amplio sistema de garantías de beneficios sociales en nombre del ahorro en las cuentas públicas.

El  oficialismo que respalda a Temer logró más votos de los necesarios para aprobar en primer debate el proyecto, que debe seguir un rito de cinco sesiones y una votación final la última semana de octubre, con lo cual si es aprobada deberá ser elevado al Senado.

Incluso tres ministros abandonaron sus cargos temporalmente y volvieron a sus bancas de diputados para esta votación.

Para Temer, la opción a la Propuesta de Enmienda Constitucional 241 es aumentar los impuestos, una posibilidad rechazada por sus principales apoyadores, las federaciones industriales.

La expresidenta Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto en un “golpe”, dijo que el proyecto “impide por dos décadas que más niños y adolescentes tengan acceso a la escuela y a la universidad y tener una atención de salud de calidad”.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, desestimó un recurso de último momento del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Comunista de Brasil para evitar la votación, luego de que la fiscalía general de la República se pronunció el viernes pasado y dijo que el cambio de la Carta Magna de 1988 sobre el presupuesto nacional era “inconstitucional”.

En medio de la discusión, Marcus Pestana, del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo en la Cámara de Diputados durante su discurso que “el PT ha dejado un agujero fiscal que hay que cerrar”, poniendo de ejemplo la disciplina fiscal y el Tratado de Maastricht, que rige los límites fiscales de los países de la Unión Europea (UE).

Por su parte, Orlando Silva, exministro de Deportes de Rousseff, sostuvo: “Esto que se viene es la vieja política, en la cual el pueblo no tiene cabida dentro del presupuesto nacional”.

En el mismo sentido se pronunció la conservadora Clarissa Garotinho, del Partido de la República, quien dijo que “el sector financiero es el único que no tendrá congelado su presupuesto porque se le garantiza el pago de intereses de los títulos de la deuda pública”.

La enmienda prevé que se congele el presupuesto y que solo sea actualizado por la inflación del año anterior. “Se pone en igualdad de condiciones el derecho social con el pago al rentismo, a los que cobran los intereses de la deuda pública”, opinó la senadora Vanessa Graziottín, del estado de Amazonas. (I)

DATOS

Brasil, la mayor economía de América Latina, cerrará 2016, por segundo año consecutivo, con una caída de su economía de más de 3%.

Además de esta enmienda para congelar el gasto público, el gobierno de Temer abrió un programa de concesiones y privatizaciones y lanzó un plan de desinversión hasta 2020 de la estatal petrolera Petrobras, que incluye la venta de activos de la mayor empresa brasileña.

Los principales grupos de comunicación, como Globo y Folha de Sao Paulo, apoyan en sus editoriales la enmienda constitucional con el argumento de que el problema brasileño radica en el tamaño del Estado. El neoliberalismo ha innovado en Brasil y se mete directamente en su Carta Magna, durante 20 años. Aún falta una votación más en la Cámara Baja y otra en el Senado.