Las paradojas políticas en Cataluña parecen no tener fin. La última se produjo ayer en el polémico intento de investidura de Jordi Turull, uno de los delfines de Carles Puigdemont en la anterior legislatura.

Los tres diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) rompieron la disciplina de voto del bloque independentista al entender que el perfil del candidato propuesto por Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana (ERC) “no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales, que respondan a los derechos y necesidades de la clase trabajadora y del resto de clases populares”.

Turull necesitaba 68 votos pero obtuvo 64 frente a los 65 que sumó la oposición. Los 4 diputados de la CUP se abstuvieron en las dos votaciones.

El grupo minoritario  anuncio hace días que su candidato nunca sería Jordi Turull. Pero si algo dejó en claro la frustrada sesión de ayer es que el proceso soberanista catalán entró en un declive. Ni siquiera las palabras del candidato que apeló a fortalecer la unidad del bloque para restituir las instituciones y suspender la aplicación del artículo 155 ablandó la posición de la CUP.

En realidad, su posición de partida estaba sentenciada de antemano. Para empezar, porque se convocó el plenario para contrarrestar la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena, de citar hoy a Turull y a otros cinco diputados para interrogarles y decidir si les envía a prisión. La Guardia Civil culpa a Turull de malversar 1,4 millones de euros en la celebración del referéndum del 1 de octubre.

A raíz de este movimiento, JxCat y ERC pergeñaron el enésimo cambio de guion en el último momento lo que provocó la airada protesta del resto de formaciones. Un giro que puede tener nuevas consecuencias judiciales, en este caso contra Roger Torrent, y que vuelve a elevar la temperatura en el conflicto entre Cataluña y el Estado español.

El gobierno de Rajoy siempre advirtió de los riesgos que conllevaba una investidura de Turull. El propio presidente, que ayer anunció la suspensión de un viaje oficial a Angola para seguir la crisis catalana, repitió la necesidad de proponer a “un candidato limpio”, un aspirante libre de cargas judiciales que no corra peligro de ser inhabilitado por los tribunales.

Fuentes del Ejecutivo advirtieron el “deterioro” que supone esta nueva vuelta de tuerca para “la autonomía catalana”, intervenida desde octubre. (I)