Militar condenado por delito de lesa humanidad

Por primera vez en la historia de México, un militar fue condenado a prisión por la desaparición forzada de una persona.

El martes 18 de agosto de 2015, el juez primero de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, sentenció a 31 años y 3 meses de prisión a Danny Hernández Sánchez, subteniente de infantería del Ejército. Lo halló responsable de la desaparición forzada de una persona en el municipio Las Herreras, el 20 de mayo del año 2012.

Se trata de la primer condena en contra de un militar por ese delito de lesa humanidad, aunque existen denuncias que involucran a oficiales castrenses en desapariciones forzadas desde la década de los años 70 y en mayor medida a partir de su incorporación en tareas de seguridad interna, en la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ que inició en el año 2007. La resolución de la causa 104/2013 de Nuevo León también sienta precedente en el debate sobre el fuero militar, porque aplica el criterio dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2012 para que sean tribunales civiles y no militares los que resuelvan crímenes cometidos en contra de civiles.

La histórica sentencia llega “gracias a la lucha y el empuje de los familiares. El año pasado logramos que se tipificara el delito de desaparición forzada y esto ahora es un primer fruto”, resalta Leticia Hidalgo, madre de un desaparecido e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl). “Siempre es esperanzador que la justicia se manifieste pero este caso no es suficiente, hay miles y miles de familias que esperamos justicia”.

Es que en aquella norteña provincia -denuncia Fundenl- son miles las personas desaparecidas en años recientes. Por ello exigen que si hay voluntad política, la justicia deberá continuar hasta resolver todos los casos, también aquellos de personas asesinadas por fuerzas de seguridad como los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo (20/03/2010) y Jorge Otilio Cantú (18/04/2011)”.

En la sentencia al subteniente Danny Hernández Sánchez, el juez Salinas Wolberg deslindó al Ejército de toda responsabilidad por considerar que el caso responde a una “conducta aislada”. Los términos contrastan con el crecimiento exponencial de denuncias en contra del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, ya que en los últimos ocho años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido más de 11.500 quejas de este tipo. Además, el año pasado el Relator Especial de Naciones Unidas alertó que en México el uso de la tortura es “generalizado”, sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad.   

Leticia Hidalgo, madre del desaparecido Roy Rivera Hidalgo, cuestiona que la histórica primera sentencia a un militar por desaparición forzada alcance solo a un integrante del Ejército “porque sabemos que sobre todo en el ámbito militar se acatan órdenes. Debe recorrerse la cadena de mando hasta su origen”.

Considera una afrenta que Hernández Sánchez permanezca detenido en instalaciones militares en lugar de ser enviado a prisión: “Está fuera de lugar. La cárcel debe ser ejemplar porque hay una deuda con la sociedad”. (I)

Intelectuales piden frenar violencia contra la prensa

Un bloque internacional de intelectuales, entre los que están el británico Salman Rushdie, el estadounidense Paul Auster, el mexicano Alfonso Cuarón y el nicaragüense Sergio Ramírez, pidió en una carta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, frenar la violencia contra la prensa en su país.

En la misiva, difundida en la página web de la edición estadounidense de la organización PEN Internacional, los aproximadamente cuatro centenares de firmantes se identifican como “periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo”.

“Con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México”, aseguran.

También suscriben el documento el semiólogo estadounidense Noah Chomsky y sus compatriotas periodistas Christiane Amanpour, Jon Lee Anderson y Ariana Huffington, el argentino Martín Caparrós, el español Juan Cruz, el peruano Gustavo Gorriti y la canadiense Margaret Atwood.

En la carta se refieren explícitamente al asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa en Ciudad de México el pasado 31 de julio, un crimen que consideran “un parteaguas”, porque la capital mexicana “era considerada uno de los últimos lugares seguros (en México) para el ejercicio periodístico”. (I)