Con pitos, pancartas y arengas poco a poco se fueron congregando ayer, en el Parque Nacional en Bogotá, los seguidores del alcalde Gustavo Petro, desde donde iniciaron una gran movilización hacia la Plaza de Bolívar en pro de los derechos políticos del burgomaestre, a quien el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, dictó destitución e inhabilitación por 15 años.

La manifestación de ayer, convocada por el propio Petro, forma parte de una campaña de presión popular para evitar que se haga efectiva la destitución del alcalde, anunciada el pasado 9 de diciembre por Ordóñez por supuesta mala gestión de una crisis causada en 2012 por el cambio del modelo de recolección de basuras.

Las marchas fueron convocadas en todo el país, pero la principal se realizó en Bogotá, donde los organizadores esperaban la asistencia de unas 150.000 personas.

La actividad comenzó con una marcha que partió a las 16:00 (hora local) del Parque Nacional y avanzará hacia la céntrica Plaza de Bolívar, marco de los poderes del Estado, donde se esperaba que Petro se dirija a sus seguidores como lo ha hecho en otras manifestaciones de apoyo desde que se anunció su destitución.

“Como alcalde mayor de Bogotá convoco a todas y todos los demócratas de Colombia a manifestarse en las plazas públicas este 10 de enero”, escribió esta semana Petro en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el alcalde de Bogotá afirmó que se trata “de un proceso de movilizaciones pacíficas, inmensas y nacionales” que, aclaró, no solo defienden el mandato del alcalde sino “los derechos civiles y políticos y la democracia”.

“No estamos preocupados por el cargo del alcalde, sino por lo que esto significa en el país y en América Latina”, señaló Petro, al cuestionar las facultades del procurador para aplicar una sanción administrativa ‘desproporcionada’ por razones ‘ideológicas’ contra un funcionario elegido democráticamente.

El alcalde, que en su juventud fue miembro del grupo guerrillero M-19, ha puesto en marcha una campaña para impedir su destitución por parte de Ordóñez, a quien acusa de persecución política por su ideología de izquierda.

Petro, que fue elegido por voto popular para el período 2012-2015, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares contra la destitución y se reunió a mediados de diciembre en Washington con representantes de ese organismo que, según sus abogados, tiene plazo hasta marzo para pronunciarse.

Sus abogados también interpusieron un recurso de reposición frente a la Procuraduría General para que se revise el acto administrativo que lo destituyó y al mismo tiempo recusaron a Ordóñez, que es quien debe analizar esa petición, porque consideran que el funcionario no ha sido imparcial.

Además de su batalla jurídica, el alcalde tiene que hacer frente a un referendo revocatorio de su mandato que la autoridad electoral colombiana convocó para el próximo 2 de marzo como parte de un proceso paralelo basado en firmas ciudadanas disconformes con su gestión.

El referendo revocatorio fue impulsado por el parlamentario Miguel Gómez, cercano al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), un duro crítico del alcalde. Gómez dijo que “por fin los ciudadanos de Bogotá tendremos la posibilidad de ir a las urnas (...) en una oportunidad única de cambiarle el rumbo a la ciudad”.