Dolidos y cada vez más enojados, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa protestaron este miércoles 26 de agosto en la Ciudad de México, al cumplirse 11 meses de la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, estado de Guerrero.

Padres, madres, hermanos y compañeros de los normalistas recorrieron embajadas y sedes diplomáticas de otros países para pedir que la comunidad internacional tome una postura activa frente al caso.

Golpearon las puertas porque, 11 meses después, los estudiantes continúan desaparecidos y aunque hay más de 100 personas detenidas, el caso está impune.

Más tarde marcharon por el centro de la capital, acompañados por unas mil personas, y realizaron un acto final, en un rincón del Zócalo. No hubo un gran escenario ni una multitud, como ocurría durante los primeros meses, pero los familiares puntualizaron que seguirán caminando y golpeando puertas hasta encontrarlos.

Reclamaron fuerte al presidente Enrique Peña Nieto. Blanca Nava, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, le habló directo desde el pequeño escenario a un lado del Palacio Nacional: “Le exijo que ya diga toda la verdad, ¡basta de mentiras!”.

Emiliano Navarrete, padre de otro estudiante desaparecido, José Ángel Navarrete, también se dijo indignado por el accionar del gobierno mexicano. “En estos 11 meses no hemos visto ni una persona que tenga palabra en el pinche gobierno -dijo-. Nosotros hemos llegado de frente pensando que eran hombres de palabra pero nos hemos dado cuenta de que no deberían estar siquiera ahí”.

Estudiantes y familiares pidieron públicamente que las autoridades extiendan el permiso de trabajo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Explicaron que solo confían en los peritos independientes.

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, el grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desapareció tras ser secuestrado presuntamente por delincuentes de la banda Guerreros Unidos, en colusión con la Policía municipal. La versión oficial dice que los muchachos fueron asesinados, arrojados a una fosa cerca de Iguala y luego incinerados hasta convertirlos en cenizas.

Pero la llamada “verdad histórica”, como en su momento calificó a las conclusiones de la investigación oficial el entonces procurador (fiscal) Jesús Murillo Karam, no dejó satisfechos a los familiares de las víctimas. Por eso han realizado durante los 11 meses diferentes acciones de protesta, a las cuales se sumó una huelga de hambre que comenzó ayer y que se prolongará hasta que se cumpla el primer aniversario de los hechos de Iguala. (I)