Las protestas obligan a Macri a frenar 'tarifazos'

El gobierno neoliberal de Mauricio Macri tuvo finalmente que ceder y poner un freno al ‘tarifazo’ del gas en la Patagonia ante la oleada de protestas que amenazaban desatar una crisis social de graves consecuencias en esa región del sur argentino, que enfrenta temperaturas cercanas a cero a medida que se acerca el invierno austral.

Después de días de protestas y reuniones con los gobernadores de las provincias patagónicas, el Gobierno fijó topes para los aumentos de las tarifas del gas: 400% para las residencias y 500% para las pequeñas y medianas empresas contra los 1.000% y hasta 2.000% de incrementos que llegaban a los hogares y emprendimientos productivos. Algunos usuarios privados denunciaron que recibieron boletas con hasta 2.700% de aumento.

La medida oficial eximió también de esta alza a los jubilados y pensionados que perciban hasta 10.000 pesos por mes ($ 700); los trabajadores con salarios mensuales de hasta 12.000 pesos ($ 845); los discapacitados, las empleadas domésticas y los beneficiarios de planes sociales. “Cometimos un error”, admitió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Este freno no significa una victoria total de los trabajadores, que deben soportar aumentos que hasta cuatriplican las facturas de gas en una región donde es preciso calefaccionar bien los hogares en el invierno. Pero al menos es un simbólico paso al frente de los sectores populares ante la oleada de ‘tarifazos’ en las boletas del gas, luz y agua decretados por el Gobierno en el marco de una severa política de ajuste.

La decisión oficial llegó después de dos días de protestas, en especial en Tierra del Fuego, extremo sur del país. Los trabajadores petroleros cortaron el suministro de gas para presionar a las autoridades nacionales y se realizaron manifestaciones en protesta por el alza de este insumo básico.

Tras la marcha atrás oficial, los petroleros comenzaron a normalizar la actividad en las plantas después de reducir la inyección del fluido en los últimos días. “La gente de la ciudad (fueguina) de Río Grande realizó una gran manifestación en contra del ‘tarifazo’ y todos los trabajadores del sector asistieron”, dijo Julio Necul, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas y Biocombustibles Privado de Tierra del Fuego. “Nos duele que hayan hecho un ‘tarifazo’ en donde mucha gente de bajo sueldo está sufriendo por el gas, que es una necesidad de vida”.

Los petroleros habían reducido la inyección de gas al gasoducto San Martín, disminuyendo la capacidad de distribución al resto del país en medio de la alarma general por la posibilidad de un faltante del fluido en los hogares argentinos. Pero tras la medida que puso topes a los aumentos, el Gobierno Nacional dijo que el suministro tendía “hacia la normalización”.

Sin embargo, los topes no alcanzan para terminar con la preocupación de los argentinos, en especial de los patagónicos. Alexis Togel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, dijo que el nuevo tope a los aumentos en el servicio del gas “tiene una diferencia muy grande con los que había planteado en un principio, superando el 1.000% y llegando en algunos casos hasta 2.000%”.

“Pero para algunos sectores, algunas industrias o comercios, sigue siendo excesivo, hace que siga siendo una dificultad para producir o para mantener una estructura que permite estar en el mercado dentro de los costos razonables y dentro de valores que los hagan competitivos”.

La marcha atrás del Gobierno se debió también a la oleada de medidas cautelares decididas por distintos jueces que pusieron un freno a los ‘tarifazos’ en la luz, el gas y el agua. Ante esta situación, el Ejecutivo le pidió incluso a la Corte Suprema de Justicia que detenga los amparos que se fueron multiplicando en todo el país en las últimas semanas. Entre los argumentos se menciona la ‘gravedad institucional’ que generarían los amparos en un servicio esencial como el gas.

Tras la asunción de Macri el 10 de diciembre pasado, la inflación se desató en el país austral hasta el 40% anual con aumentos en los servicios básicos que, en el caso de la luz, llegan hasta el 700%, después de decretar el fin de los subsidios del Estado en estos sectores. (I)