En el departamento donde murió en circunstancias misteriosas el fiscal Alberto Nisman hoy vive una pareja de diplomáticos italianos. Al dueño, Héctor Edgardo Acevedo, le costó alquilar el inmueble ubicado en el piso 13, apartamento 2, del complejo Le Parc, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, frente al Río de la Plata. Desde allí se divisa la costa uruguaya si el día está soleado. Su precio: $ 2.814 mensuales.

Ya pasaron dos años desde que Nisman fue hallado muerto en el baño de su casa el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza. ¿Lo mataron? ¿Se suicidó? Y en ese caso, ¿lo indujeron al suicidio? Todavía nadie sabe la respuesta.

El fiscal, que investigaba el atentado a la mutual judía AMIA -ocurrido en 1994, en el que se registraron 85 muertos-, se aprestaba a presentar en el Congreso, un día después, una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

En todo este tiempo los argentinos convivieron con una certeza. Cada uno de ellos produjo su propio fallo y ninguna resolución judicial le hará cambiar de opinión. El que cree que lo mataron seguirá pensando que fue un asesinato, aunque los tribunales determinen lo contrario.

En ese grupo se ubican mayoritariamente los votantes del presidente Mauricio Macri. Y entre quienes sostienen que fue un suicidio, en especial los que simpatizan con el ‘kirchnerismo’, no se les moverá un pelo si la balanza se inclina por un crimen. Lo que la justicia no pudo determinar en todo este tiempo, lo logró una aguda división política ‘made in Argentina’.

La causa sobre la muerte de Nisman está hoy paralizada por la feria judicial del verano austral. El 1 de febrero deberá retomar un rumbo. El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, enfatizó que el caso no se puede dilatar más.

“Un país democrático necesita investigar, conocer y la ciudadanía debe estar tranquila y confiar en que aquellos que tienen que dar justicia, la dan”, manifestó Cohen Sabban. (I)