La justicia argentina frena el alza de las tarifas de gas y luz
Y al final sonó la campana salvadora. En un nuevo round de la pelea entre los usuarios y el gobierno neoliberal de Mauricio Macri tras el severo ajuste en los servicios esenciales, la justicia argentina suspendió el “tarifazo” de gas a nivel nacional que había dejado a la sociedad al borde del “knock out”. Pero ese no fue el único fallo: lo mismo hizo con los aumentos en la energía eléctrica autorizados a las empresas Edenor y Edesur, aunque solo en la provincia de Buenos Aires y durante 90 días.
La Cámara Federal de la Plata, 30 kilómetros al sur de Buenos Aires, se calzó los guantes, se subió al ring y anuló los decretos del Ministerio de Energía que aumentó las tarifas del fluido en el invierno austral en más del 400% para usuarios particulares y 500% a negocios y empresas. ¿El motivo? Adujo que no se realizaron audiencias públicas previas y obligatorias.
El gobierno acusó al impacto y se recluyó en una esquina del cuadrilátero esperando otra vez la campana para volver a la pelea. Uno de sus máximos voceros, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió que si no hay “tarifazo” el pueblo lo “cancelará con impuestos y, si no hay suficiente recaudación, con inflación, que siempre la paga el sector más pobre”.
Se trató de una abierta presión a la justicia. Pinedo dijo que “este gobierno podía seguir haciéndose el simpático y pagar la cuenta con inflación o asumir la realidad y Mauricio Macri prefirió decir la verdad”.
Esta “verdad” o “sinceramiento” de las tarifas, como suele afirmar el gobierno, dio paso a un aumento del orden del 400% en la luz, el agua y el gas de uso doméstico.
El gobierno debió dar marcha atrás en este dramático ajuste ante las protestas generalizadas de la población austral después de 12 años en que los argentinos pagaron tarifas dispares, con elevados precios en algunas zonas del interior y cifras subsidiadas e irrisorias en la capital y en el Gran Buenos Aires, donde vive el 40% de la población.
Por lo pronto, el gobierno apelará el fallo de la Cámara Federal de La Plata ante el máximo tribunal. (I)
