La justicia de la provincia norteña argentina de Jujuy ordenó la noche del viernes regresar a la cárcel a la líder social Milagro Sala, al revocar la prisión domiciliaria que le había sido otorgada en cumplimiento de una medida cautelar de la CIDH.

Sala, de 53 años, diputada electa del Parlasur, había sido trasladada el 31 de agosto a una casa que no es su hogar donde quedó bajo estricto control de la gendarmería (policía militarizada), con cámaras que la vigilan y obligada a salir al balcón tres veces por día para mostrarse, entre otras medidas.

La libertad de Sala había sido solicitada por comités de Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por Amnistía Internacional, a raíz de sus malas condiciones de detención en la cárcel.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones notificó este viernes a la defensa de Sala que "revoca la prisión domiciliaria" dictada por dos jueces de primera instancia y dispone "su reingreso a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero", informó un comunicado de la agrupación Tupac Amaru, liderada por la mujer.

"Tengo claro que Gerardo Morales me tiene miedo, no quiere que hable a la prensa, me quiere tener callada", declaró Sala al canal C5N apenas conocida la noticia en referencia al gobernador de Jujuy, aliado del presidente Mauricio Macri.

La defensa de Sala puede presentar ahora un recurso de apelación ante la Cámara de Casación o plantear la inconstitucionalidad de la medida ante la Corte provincial, pero eso no frenaría el traslado, dijo al canal TN el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, quien consideró que "hay una gran cantidad de prueba" contra la dirigente.

Al haber recibido la notificación la noche del viernes, fuera de horario judicial, la defensa deberá esperar al menos hasta el lunes para ver los fundamentos de la medida y apelar, explicó la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.

"Que sepan que apenas recibimos la notificación avisamos a la CIDH, a Amnesty, al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) porque la resolución de la prisión domiciliaria era cumpliendo una medida cautelar de la CIDH" dictada el 27 de julio, advirtió la letrada en declaraciones a C5N.

Según ella, el traslado no debería hacerse efectivo antes del plazo de 15 días que tiene la defensa para apelar. Pero "tenemos que estar preparados" para que ocurra, dijo.

Sala estuvo detenida 20 meses en la cárcel donde le ordenan regresar por delitos comunes, pero la oposición la considera una presa política.
La dirigente está en prisión preventiva desde enero de 2016 por presuntas amenazas y malversación de fondos públicos que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kichner (2003-2015) para construir viviendas y llevar adelante proyectos sociales.