La Policía Federal de Brasil elevó un informe que concluye que el presidente Michel Temer cometió el delito de corrupción pasiva en su relación con el empresario Joesley Batista, del gigante de la carne mundial JBS, un delator que colabora con la justicia y grabó al mandatario conversando sobre supuestos sobornos.

El caso, el mayor escándalo de la administración de Temer que lo afecta directamente, puso contra las cuerdas al gobierno desde el mes pasado.

Según trascendió, el informe preliminar de la Policía Federal indica que hay responsabilidad de Temer en la entrega de valijas con dinero a su exasesor Rodrigo Rocha Loures, exdiputado del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), que está detenido en la cárcel de Papuda, en Brasilia.

Temer y Loures fueron grabados en marzo pasado por Batista y el gerente de JBS, Ricardo Saud, respectivamente.

El fiscal general, Rodrigo Janot, considera que Temer dio anuencia en su conversación grabada con Batista a comprar el silencio -con sobornos pagados por el empresario- de Eduardo Cunha, exjefe de la Cámara de Diputados, preso por corrupción en la Operación Lava Jato.

A diferencia de Odebrecht, que apenas entregó pruebas y delató crímenes, JBS usó otra estrategia de la mano de Janot: captar el momento en el que se cometen y se combinan los delitos de corrupción.

Es por eso que la entrega de sobornos a Rocha Loures fue grabada por la Policía Federal en una pizzería de Sao Paulo. Lo mismo ocurrió con el excandidato presidencial y senador Aécio Neves, a quien Batista grabó pidiendo $ 600.000 de sobornos. Esa cantidad fue entregada al primo de Neves, hoy detenido con la hermana del político.

El informe de la policía elevado al Supremo Tribunal Federal forma parte del material que el fiscal general reúne contra Temer. La semana próxima se espera que el fiscal denuncie al presidente por 3 delitos.

Como se trata del mandatario, la aceptación o no de la denuncia debe ser votada por la Cámara de Diputados. Para que sea procesado y apartado por 180 días del cargo son necesarios dos tercios de los votos, una cantidad que no posee la oposición al gobierno.

Es por eso que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a cargo del país por el viaje a Rusia y Noruega de Temer, expresó su voluntad de evitar el receso del mes de julio para votar la denuncia del fiscal, que si es rechazada le habrá dado otra sobrevida al gobernante acusado de darle un golpe parlamentario a su excompañera de fórmula, Dilma Rousseff, destituida el año pasado.

El jucio de Lula inicia

Por su parte, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que espera que a partir de mañana el juez Sergio Moro, de Lava Jato, resuelva por su inocencia en la primera de las cinco causas que enfrenta.

“Espero que el juez Moro anuncie a Brasil entero mi inocencia. Ya probé mi inocencia y ahora ellos deben demostrar mi culpa. La acusación no es una imputación, es un chiste”, dijo Lula al fustigar la investigación en su contra.

El caso remite a un apartamento en el balneario de Guarujá que, según los fiscales, fue regalado a Lula por el conglomerado empresarial brasileño OAS a cambio de tres contratos con Petrobras durante la presidencia del exlíder sindical. A partir de hoy el juez Moro puede dictar sentencia sobre el caso.

Para Lula, una condena en primera y segunda instancia sería la inhabilitación para presentarse a las elecciones de 2018. El Partido de los Trabajadores (PT) denuncia que hay una persecución contra Lula para “proscribirlo” del debate electoral, en el cual es el favorito según los sondeos brasileños.

El exmandatario Lula y el frente de izquierda defienden la anticipación de elecciones generales para sortear la crisis y la renuncia del presidente Temer. (I)

DATOS

Temer inició ayer una gira internacional y justificó su viaje, pese a la crisis, por la necesidad de buscar inversiones que ayuden a superar la recesión de Brasil.

En su viaje propuso reformar el costoso sistema de seguridad social como un paso para equilibrar el presupuesto del país brasileño a largo plazo, luego se dirigirá a Noruega.

La Policía brasileña estimó que las arcas públicas perdieron 123 mil millones de reales ($ 39.000 millones) por la acción de cientos de organizaciones criminales con lazos políticos en los últimos cuatro años, según datos de la prensa brasileña.

Desde 2014, cuando fue lanzada la Operación Lava Jato, el país asiste a la revelación de multimillonarios esquemas de corrupción política. (I)