La campaña del presidente filipino, Rodrigo Duterte, por el restablecimiento de la pena de muerte ha salvado un obstáculo en el Congreso, donde el proyecto de ley -considerado "inhumano" por la oposición- recibió respaldo.

El texto propone bajar a los nueve años la edad de responsabilidad penal y es uno de los pilares de la guerra emprendida por el presidente contra la droga, que ha causado más de 6.500 muertos.

Una mayoría de los diputados de la Cámara Baja adoptó el texto en segunda lectura el miércoles por la noche. Se necesita un voto en tercera lectura para su adopción, prevista la semana que viene. No se debatirá más y su aprobación es una mera formalidad.

El Senado, dominado por los simpatizantes de Duterte, adoptará un texto similar. "Hemos superado la principal dificultad", declaró el diputado Reynaldo Umali, defensor del restablecimiento de la pena capital 11 años después de su abolición.

La oposición ha puesto el grito en el cielo por considerar que podría desembocar en la ejecución de inocentes debido, entre otros factores, a la corrupción del sistema judicial.

"Esta decisión es inhumana, vergonzosa y burdamente irrespetuosa", declaró el sacerdote Jerome Secillano, secretario de relaciones públicas de la conferencia episcopal católica, en un comunicado.

La Iglesia católica, que cuenta con un 80% de fieles entre la población, lideró la campaña para la abolición de la pena capital en 2006.

El texto restringe la aplicación de la pena de muerte a los delitos relacionados con el tráfico de droga. Las personas en posesión de 500 gramos de marihuana o diez gramos de cocaína, heroína o éxtasis se exponen a ser ejecutadas, al igual que las que produzcan o vendan droga.

Las personas que cometan crímenes graves, como asesinatos o violaciones, bajo la influencia de la droga también pueden ser condenadas a la pena capital, pero los violadores o asesinos que no hayan consumido este tipo de sustancias solo irán a la cárcel.

El texto prevé la horca, una inyección letal o el pelotón de ejecución. Duterte ganó las presidenciales con la promesa de erradicar el narcotráfico.

Desde la investidura de Duterte en junio, la policía anunció haber matado en legítima defensa a más de 2.500 traficantes o toxicómanos. Más de 4.000 personas murieron en circunstancias poco claras.

Rodrigo Duterte goza del apoyo de muchos filipinos que estiman justificado combatir el crimen con medidas extremas. (I)