“Se les cayó el teatrito del basurero” donde habrían sido calcinados los normalistas y la supuesta verdad histórica que promulgó el Gobierno mexicano “es una mentira histórica”, afirmaron los familiares de los estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos tras conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Quedó demostrado que teníamos la razón, que somos víctimas de nuestro propio gobierno”, reclamó María de Jesús Tlatempa, madre del desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, mientras Carmen Mendoza, progenitora de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, demandó la destitución del presidente Enrique Peña Nieto “por traición a la patria”.

En conferencia de prensa, los familiares exigieron al Gobierno mexicano que extienda la autorización al trabajo al GIEI y que el presidente de la República los reciba en los próximos tres días, es decir antes del 10 de septiembre. “Queremos audiencia con él para que nos dé la cara -afirmó Berta Nava, madre de uno de los asesinados-, porque no cumplió ninguno de esos 10 puntos” que prometió en el único encuentro que tuvieron con el mandatario, el 29 de octubre de 2014, hace diez meses.

Anunciaron un ayuno del 23 al 25 de septiembre; convocaron a una “gran marcha nacional” el día 26 y pidieron que se investigue a las autoridades que tuvieron a su cargo las indagaciones, en particular al exprocurador Jesús Murillo, al jefe de la Agencia de Investigación, Tomás Cerón y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.

También el Gobierno mexicano se pronunció después de conocerse el informe del GIEI. En una rueda de prensa que duró pocos minutos y no permitió preguntas de reporteros, la procuradora general de la República, Arely Gómez, prometió nuevos peritajes: “una investigación de alto nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”. Anunció, además, que ya solicitó la acumulación de las causas -una demanda que meses atrás hizo el GIEI- y agregó que “el Estado mexicano solicitará la prórroga correspondiente para que el grupo de expertos pueda concluir su trabajo en torno a estos hechos”.

Representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales e intelectuales también reaccionaron al informe de trabajo de los cinco destacados investigadores enviados por la CIDH. En redes sociales, la etiqueta #Ayotzinapa volvió a ocupar los primeros lugares de tendencias después de meses sin protagonismo y tuiteros mexicanos impulsaron #MentiraHistórica. (I)

Expertos de la CIDH cuestionan a los militares

Un informe de investigadores independientes sobre la desaparición de 43 estudiantes en México puso al Ejército en la mira, con revelaciones de que militares no auxiliaron a los jóvenes a pesar de haber acudido a diferentes lugares en que fueron atacados y detenidos por policías coludidos con criminales.

El rol de los soldados en los ataques contra los estudiantes magisteriales de Ayotzinapa (Guerrero, sur), ocurridos la noche del 26 de septiembre en la cercana ciudad de Iguala, fueron cuestionados por sobrevivientes y familiares de las víctimas  que les reprochan no impedir la tragedia y   exigen ingresar al cuartel militar de la zona para recabar evidencias.

“Además de los policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores”, en las dos escenas donde “fueron detenidos y desaparecidos los normalistas hubo presencia de agentes del Ejército”, indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegó a México hace seis meses para investigar el crimen que conmocionó a este país y a la comunidad internacional.

Este reporte muestra que el Ejército supo que policías municipales coludidos con el cartel local Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes.

Un agente militar de inteligencia, que  vestía de civil y conducía una motocicleta, observó cómo policías encapuchados arrojaron dos granadas de gas lacrimógeno al interior de un autobús para sacar a unos 10 jóvenes y fue testigo de cómo fueron “esposados y tirados violentamente al piso”, señala el informe recogido por AFP. (I)