ERC da la espalda a Puigdemont
Si hay algo clarificador en la larga película del conflicto de Cataluña es que la renuncia anunciada por Carles Puigdemont a su investidura como president no resuelve el rompecabezas. Al menos, a corto a plazo. La pugna desatada entre los tres partidos soberanistas por colocar a su sucesor sigue siendo colosal. Quedó patente ayer cuando desde Bruselas el depuesto mandatario catalán propuso como sustituto a su número dos en JxCat, Jordi Sànchez, encarcelado por un presunto delito de sedición desde el 16 de octubre. A Esquerra Republicana (ERC), tercer partido del Parlament y socio imprescindible de Puigdemont, no le hizo ninguna gracia. La apuesta republicana es Oriol Junqueras, también en prisión desde hace cuatro meses por idénticos motivos.
Más allá de quien imponga su criterio en esta lucha, la duda que ayer corría como la pólvora por los pasillos del hemiciclo catalán es si el Estado español permitirá investir a alguno de los dos. Desde Madrid, el portavoz del ejecutivo de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que sin la presencia física de un candidato no será posible la investidura. “Cualquier pretensión de gobernar a tiempo parcial porque el candidato esté en prisión o fugado de la justicia no se va a consentir”, señaló al término de la reunión semanal del gobierno.
Por si fuera poco, el tiempo para que los independentistas, mayoritarios en la cámara autonómica, alcancen un acuerdo se reduce a pasos agigantados. En la primera sesión parlamentaria celebrada esta semana los tres partidos constitucionalistas –Ciutadans, PSC y PP- reclamaron la puesta en marcha del reloj que marca los plazos para la conformación del gobierno. Aunque los responsables del Parlament lograron contenerles in extremis ya no tendrán muchas más oportunidades. La ley es clara al respecto: Si transcurridos dos meses desde la primera sesión de investidura, algo que también está en discusión tras la sesión de esta semana, Cataluña continúa sin proclamar un nuevo president se deberán convocar nuevas elecciones. Y eso es algo que aterra a los independentistas. Por si fuera poco, los ciudadanos catalanes comienzan a mostrar su irritación ante el vacío de poder y la amenaza latente de que el gobierno español puede comenzar en breve a ejecutar nuevas medidas políticas en virtud del artículo 155 que sigue vigente.
“Encontraremos el encaje para que cada uno pueda hacer su función, el presidente Puigdemont desde Bélgica y el futuro presidente autonómico desde Cataluña”. Así trató ayer de calmar los encendidos ánimos soberanistas el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde insistió que, de acuerdo a la línea de la legitimidad reclamada siempre por el bloque, “si el candidato no es Carles Puigdemont, debería ser Oriol Junqueras”. Puigdemont lo tiene claro y, ante las advertencias que señalan que el Gobierno, el Tribunal Supremo, e incluso el Tribunal Constitucional, pondrían trabas a dicha candidatura, advierte de que aun estando en la cárcel, Sànchez “tiene todos los derechos y es elegible como presidente”. Desde Bruselas, el ex dirigente catalán lanzó ayer un serio aviso al gobierno de Rajoy, a las jueces e, indirectamente, también a sus socios de ERC: “Quien ponga trabas” a la investidura de Jordi Sànchez “cometerá un grave error y probablemente algún delito”.
Estas declaraciones de Puigdemont son las más duras escuchadas desde su huida de España, cargadas de pólvora política que lanzó especialmente contra los aparatos del Estado, el ejecutivo de Rajoy y la justicia. “Hay una democracia de pladur (cartón) en España y nos toca denunciarlo”, apuntilló en los micrófonos de una emisora catalana. También se refirió a sus planes de futuro en Bélgica, donde “contemplo la posibilidad de estar mucho tiempo”, como “tristemente” prevé que la gente que ha sido encarcelada, cuatro en este momento, “pasará mucho tiempo en prisión”.
Mucha más concreto fue con las insinuaciones del gobierno español de que ha empezado a investigar el modo de financiación de su estancia permanente en Bélgica. Puigdemont, que reside desde enero en un mansión alquilada en la ciudad de Waterloo, fue taxativo y rotundo: a lo que ha respondido con un circunloquio: “No he usado dinero público para nada que no esté al alcance del Parlament y del Govern y que no sea controlable por los mecanismos que están acordados en nuestro país”.
