Médicos forenses de Honduras, apoyados por expertos internacionales, iniciaron ayer la labor de identificación de los cuerpos de 355 reos que murieron atrapados en el trágico incendio ocurrido en un penal, en el centro del país, Mientras que la  polémica sobre la sobrepoblación carcelaria se intensifica.

Tres contenedores refrigerados transportaron a la morgue de Tegucigalpa la totalidad de los cadáveres desde la cárcel de Comayagua, 90 km al norte de la capital, donde ocurrió entre la noche del martes y madrugada del miércoles la peor tragedia en una cárcel en el mundo en la última década.

“Ingresaron 115 cadáveres y luego 238, más dos que fallecieron en el Hospital Escuela, son un total de 355”, confirmó el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.

Frente al edificio de la morgue, en el este de Tegucigalpa, familiares desesperados aguardaban ayer la entrega de los cuerpos, tras haber sido trasladados   desde Comayagua. “Justicia, justicia es lo que queremos”, “los guardias los dejaron morir”, gritó   Angelina Raudales, de 62 años, quien acudió a la morgue judicial en busca del cadáver de su esposo.

En tiendas de campaña, empleados de la Fiscalía recibían información de los familiares acerca de nombres, características físicas y tatuajes de las víctimas para facilitar las labores de identificación. La labor de los expertos se tornaba   difícil debido a que muchos cuerpos estaban carbonizados. Muchos reclusos  murieron calcinados abrazados a los barrotes de las celdas, otros asfixiados por el humo o ahogados al lanzarse a pilas de agua del penal, según testimonios.

Las autoridades investigan dos hipótesis del origen del fuego: un cortocircuito o un incendio intencional de un colchón por parte de un reo con aparentes fines suicidas.  

La prisión de Comayagua, una granja donde los reos cultivan hortalizas y crían animales domésticos, albergaba a 852 reclusos -el doble de la capacidad del presidio- y el 60% no había recibido aún condena, acusados de secuestros, homicidios y otros delitos, según la Corte Suprema de Justicia.

En general, las 24 cárceles que constituyen el sistema penitenciario hondureño están colapsadas desde hace  varios años, pero las autoridades retoman el asunto cuando ocurren matanzas o incendios que dejan muertes y ruinas materiales.

El asesinato, el 5 de abril de 2003, de 66 reos y tres mujeres, incluida una niña, que visitaban a parientes suyos en la Granja Penal de El Porvenir, en el Caribe hondureño, hizo creer a muchos ciudadanos del país centroamericano que el trágico suceso marcaría una verdadera reforma de todas las cárceles. Pero un año después, el 17 de mayo de 2004, morían quemados en un incendio 107 reos del presidio de San Pedro Sula,  por fallas estructurales.

Una delegación de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Honduras para investigar las causas del incendio, anunció la Organización de Estados Americanos (OEA).

El vicepresidente de la CIDH, Rodrigo Escobar, en una entrevista con diario El País, afirmó que en las cárceles hondureñas los funcionarios no dejan salir a los presos, aún en casos de extrema urgencia, para evitar que se fuguen.

Y las posibilidades de incendios, añade, son muy altas, dado que las instalaciones eléctricas de las prisiones de este país centroamericano son “obsoletas”.