“El gobierno no quiere acabar con la delincuencia porque se le termina el negocio”

Lleva dos años encarcelada bajo acusaciones cambiantes y es considerada la principal presa política de México, pero Nestora Salgado mantiene el temple. “La cárcel no mata. De la cárcel voy a salir y aquí se atonta el que quiere”, dice al recibir a EL TELÉGRAFO en el Penal Femenil de Tepepan, Ciudad de México.

Su largo cabello negro cae encima de un hombro. Habla con calma y por momentos sonríe. En el pecho lleva la imagen de San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles.

“Esto que estoy viviendo -explica- es un mensaje para que las personas ya no se organicen, para que se espanten o piensen ‘si haces algo te puede pasar como a Nestora’”.

Fue detenida el 21 de agosto de 2013 cuando era comandante Regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, en la región La Montaña del estado de Guerrero, una de las zonas más pobres del país. Allí Nestora Salgado encabezó una organización de pobladores que, como en otras regiones de México, tomaron las armas para procurar seguridad ante el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Líder natural, fue elegida por la asamblea de su pueblo para dirigir la filial local de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que tiene 20 años de trabajo y reconocimiento legal.

La comandante se enfrentó a narcotraficantes y también al entonces síndico, Armando Patrón, acusado de incurrir en ilícitos. Al mirar hacia atrás, concluye que no le perdonaron la osadía. “Mi delito fue abrirle los ojos a mi gente. El gobierno no quiere acabar con la delincuencia porque se le terminarían los negocios y las estadísticas que necesita  para decir que sí está trabajando”.

Su idea de seguridad iba más allá de evitar robos, secuestros y extorsiones. “Yo quería unificar a las familias. Estaba organizando eventos culturales, cursos de guitarra y retiros de dos o tres días para cambiar las mentalidades”.

Se enfocó en las mujeres “porque años atrás fui víctima de violencia doméstica y al participar en un grupo (de ayuda) me di cuenta de que esa situación afecta a las madres, quienes luego se desquitan con los niños. La violencia hace que tengan resentimiento y por eso en Olinalá trabajaba para que las señoras ya no golpearan a sus hijos y para enseñarles a los niños que no maten animales, no tirar basura y cosas así”.

“Yo quería luchar por algo bueno y llevarlo a los pueblos vecinos”, otra idea que incomodó al poder. Ante la expansión de las policías comunitarias y el liderazgo creciente de Nestora, cambió la actitud del entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien había respaldado el proyecto y a su comandante como ejemplos por seguir.

En 2013, Aguirre le sugirió que se integrara a la oficialista Policía Rural y por su negativa intentó corromperla. “Llegó una persona de parte del gobernador para ofrecerme tres millones de pesos ($ 200.000). Les dije que no y volvió para ofrecerme 7 millones. Después llegó un senador a ofrecerme una camioneta blindada y charola (credencial oficial, sinónimo de vía libre). Les respondí ‘ni dinero, ni camioneta, ni charola ocupo’”.

Tampoco les concedió silencio, denunció el intento de sobornarla “y al hacerlo supe que me iban a agarrar, fue mi sentencia”.

No se escondió, siguió con sus tareas hasta que la arrestaron en un gran operativo, por aire y tierra, con participación de diversas fuerzas de seguridad.

Causa polémica

Por orden del gobierno de Guerrero fue trasladada inmediatamente a un penal de máxima seguridad en el estado de Nayarit, al otro extremo del país. Inició entonces un proceso que, según sus abogados y organizaciones no gubernamentales, ha estado por fuera de la ley.

La acusaron primero de cometer delitos vinculados con delincuencia organizada y en 2014 la Justicia Federal la exculpó de toda responsabilidad. Sin embargo, continúa presa por decenas de causas que presentó -y sigue presentando- el estado de Guerrero.

“En los documentos que integra el expediente, 26 de los 33 supuestos acusadores ni siquiera me mencionan”, explica y muestra copias de declaraciones, subrayadas todas y dispersas sobre su cama. “Los siete que me nombran solo dicen que alguna vez me vieron. Las muchachas a quienes me acusan de haber secuestrado nunca ratificaron su denuncia”.

En Nayarit la confinaron en una celda con la luz encendida las 24 horas, no le permitían momentos de recreación ni interacción con otras presas. Varios meses le negaron el acceso al agua potable y tampoco le facilitaron remedios ni atención médica pese a que tiene un problema en la columna vertebral.

Por las condiciones carcelarias y el nulo avance de su causa legal inició una huelga de hambre. Fueron tiempos de tortura, recuerda, “porque entonces sí me sacaban al comedor, me ponían comida enfrente y jarras con agua de frutas. En mi interior me preguntaba, ¿vale la pena esto?”. La respuesta llegó casi un mes después cuando, ante el deterioro en su salud y la creciente presión social, fue trasladada a la Cárcel Femenil de Tepepan, ubicada en la capital, donde puede recibir visitas.

Desde el 29 de mayo de este año permanece presa e internada en la Torre Médica “pero no me dan medicinas para la espalda. Aunque se supone que estoy en un hospital, ni siquiera me dan medicamentos”.

Su otra patria, Estados Unidos, guarda silencio

Nestora Salgado García tiene 43 años. Es madre y abuela. Emigró a Estados Unidos cuando era muchacha y allá, con mucho trabajo, logró una vida económicamente cómoda que le permitía volver a México cada año. Ya era ciudadana estadounidense pero no se olvidaba de sus orígenes por lo que cada año regresaba a Olinalá con grandes bolsas de ropa, juguetes y dulces.

Presa hace 25 meses, se dice tan sorprendida por la corrupción de las autoridades mexicanas como por la inacción del Gobierno estadounidense, su otra patria. “Ha venido a verme el cónsul pero nada más para saber cómo estoy, no han dicho qué están haciendo por mi caso y yo no veo que hagan nada. Ni siquiera han presionado aunque hay documentos que reconocen que soy ciudadana americana”.

Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle y representante legal de Salgado ante organismos internacionales, agrega: “Existe servicio consular pero creemos que podrían hacer más. Es necesario que el Departamento de Estado, por vía de John Kerry, se involucre en la solicitud de su libertad porque se trata de un confinamiento injusto, de un caso de criminalización”.

Estados Unidos “tiene que pelear más -agrega Gonza- porque se han demostrado claramente las violaciones al debido proceso. Está sufriendo un doble juzgamiento. Está presa por motivos políticos, claramente por las denuncias que hizo”. (I)

En Guerrero no hubo festejos por la independencia

Una bandera mexicana teñida de negro con un 43 en el centro ondeó en Tixtla, capital del estado de Guerrero, donde no hubo festejo por la Independencia de México. Una manifestación solemne reemplazó a la tradicional ceremonia del “grito” y en lugar de pirotecnia y música se escucharon consignas para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

“Hoy tenemos que salir a las calles para tumbar a este gobierno corrupto, tenemos que participar porque todos somos víctimas”, arengaba Shaggy, un estudiante normalista, al paso de la manifestación por las calles de la capital provincial. “A 205 años de la Independencia de México no tenemos nada que festejar porque nunca hemos sido realmente independientes”, completó otro muchacho de apodo ‘Tona’, también estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y sobreviviente de los ataques en Iguala.

Este 15 de septiembre de 2015, los estudiantes marcharon con los familiares de sus compañeros desaparecidos y asesinados. Con sus fotografías por delante, impidieron la celebración del tradicional Grito de Independencia en la ciudad de Chilpancingo y pidieron solidaridad en la república, a poco de cumplirse un año de los hechos sin novedades sobre el destino de los jóvenes.

También ayer la Fiscalía General mexicana presentó nuevas evidencias científicas para la posible identificación del segundo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Existen indicios que establecen la posible correspondencia entre (el estudiante desaparecido) Jhosivani Guerrero de la Cruz y las muestras” de ADN revisadas por expertos forenses de la Universidad de Innsbruck en Austria, que trabajaron sobre restos humanos hallados por la Fiscalía cerca del sitio de la desaparición, dijo la procuradora (fiscal general) Arely Gómez en un mensaje a la prensa.

Los restos “proporcionan evidencia moderada de perfil de la víctima (...) coincidente con la madre” de Guerrero de la Cruz, un joven de 21 años de edad, añadió la fiscal.

En los próximos días, en diversos estados se realizarán actividades al cumplirse el primer aniversario de los ataques en contra de los estudiantes normalistas. (I)