El Congreso de Perú debate destitución del contralor

El contralor del Estado peruano, Edgar Alarcón, ya no conoce la calma. Hace dos semanas se difundió la primera de una serie de denuncias que lo coloca en el centro de crítica nacional. El funcionario acudió ayer al Congreso, donde debatieron su destitución.

En la cronología de esta polémica, Alarcón aparece como un funcionario del Estado doblegado por intereses personales. El pasado 29 de mayo, un exasesor de la Contraloría lo acusó, en un programa transmitido en directo, de favorecer “misteriosamente” a una mujer de la institución que dirige.

La entrega de una indemnización de $ 40.000, más un adicional de $ 27.000 por concepto de viáticos, resulta ajena a las funciones de secretaria que la fémina cumplía en el despacho del contralor, y más ajena todavía a los $ 1.100 mensuales que recibía de salario. Tras la pregunta de por qué se dio  ese trato, el denunciante sugirió que existe un vínculo sentimental.

En política ningún discurso está aislado y por tanto su efecto es múltiple.

Por un lado, entonces, la denuncia contra Alarcón activó una revisión exhaustiva de parte de los medios de comunicación con respecto a su acción como autoridad del Estado. Sorpresas. Una serie de irregularidades entre las que destacan la compra de 90 autos de lujo (Audi, Jeep, BMW, etc.), entre 2002 y 2015, años de funciones en la Contraloría en los que, de acuerdo a la ley, no podía ejercer otra labor, como la compra y venta de carros,  de la que pudiera lucrar.

Por otro lado, Alarcón estableció un paraguas ante el diluvio que lo devoraba: las denuncias aparecieron luego de que la Contraloría difundiera un informe negativo alrededor del proyecto de construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Este documento tuvo tal repercusión en el proceso que terminó en la renuncia del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el también vicepresidente, Martín Vizcarra, y por la disolución total del acuerdo previo entre el gobierno y los contratistas de Chinchero.

Pero sobre las rieles de la justicia, territorio en el que se definirá este caso, Alarcón supo jugar una carta más arriesgada. Tras ser llamado por la Fiscalía a la apertura de una investigación en su contra por supuesto delito de lavado de activos, el contralor mencionó que existe un “cargamontón” oficialista en su contra. El gobierno estaría presionando por su salida debido a la falta de apoyo con el tema de Chinchero.

Esa generalización sugerida se materializó en una verdad capaz de redimensionar el problema una vez que fue difundido, a finales de la semana pasada, un audio en el que se escucha al ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sostener una conversación con Alarcón.

En la grabación Thorne lo pone en aviso de buenas noticias: la petición de $ 14 millones, de parte de la Contraloría al Estado, está a punto de ser firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para que eso suceda, dice Thorne, necesitan un “empujón” con el tema de Chinchero. La cinta, grabada días antes de que la Contraloría emitiera su fallo negativo frente al proyecto en Cusco, demostraría, de acuerdo a Alarcón, la presión con la que el gobierno ha tratado su caso.

En el pleno, sin embargo, se deja entrever que la deslegitimación de funciones no solo está en el territorio del contralor, sino además en el de Thorne, por lo que fue denominado como “chantaje oficial”. Golpe duro que terminará por costarle rédito político al proyecto gubernamental de PPK.

La salida de Alarcón también acarreará debilidad al gobierno y la clara muestra de que el Congreso es   donde se definen los ritmos en los que marcha el país. (I)