De los 19 candidatos que en enero pasado arrancaron la contienda electoral en busca de la Presidencia del Perú, solo 14 siguen en carrera.

Renzo Reggiardo, representante del partido Perú Patria Segura, fue el primero en salir voluntariamente de la carrera. Su renuncia, el 19 de febrero, se sostuvo en un argumento que parecía una justificación sencilla al escaso nivel de apoyo (menos del 1%). “Anuncio que nosotros no vamos a jugar un partido contaminado ni sucio ni plagado de irregularidades”, dijo en clara alusión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, según el expostulante, no garantizaba la transparencia de la carrera electoral.

Casi un mes después, esa turbiedad descrita por el excandidato se ha impuesto como una mancha que antecede toda acción del JNE.

El retiro de Daniel Urresti, el representante del Gobierno para estas elecciones, ratificó la creciente desconfianza que el órgano nacional de elecciones ha generado en los actores políticos y la población en general. No hay garantías de que este sea un proceso limpio, afirmaron los simpatizantes del presidente Ollanta Humala para apoyar el retiro de su candidato.

Previamente ya había renunciado Felipe Castillo del partido por Siempre Unidos. Esto debido a que el JNE impidió la candidatura a la segunda vicepresidencia de Isaac Humala, padre del mandatario.

De por medio, la descalificación de Julio Guzmán, segundo en la intención de voto y con amplias posibilidades de ser el outsider capaz de vencer a los favoritos en la contienda, y de César Acuña, el millonario empresario de la educación con amplio favoritismo en el norte del país. La razón para la censura de estos candidatos, justificada en la falta de procesos administrativos en la inscripción de candidaturas y la entrega de dinero en efectivo, no ha bastado para que un amplio sector de la población acepte, bajo el cumplimiento de la Ley Electoral, los dictámenes.

A cambio, ha abierto una puerta a través de la que ingresan en el escenario nacional una serie de sospechas de parcialidad en las decisiones del JNE, y un favoritismo disimulado, según algunos analistas políticos, a determinadas candidaturas.

Renate Weber, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea, señaló que debido a todos estos casos, la situación electoral por la que atraviesa Perú es preocupante. La apertura que brinda la Ley Electoral para la exclusión de candidatos en fases avanzadas de la campaña tendría como efecto, según Weber, inseguridad e incertidumbre como norma general entre los electores.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Ipsos Perú, el 39% de la población nacional desaprueba las recientes acciones del JNE. El 22%, por ejemplo, considera que este organismo es el culpable absoluto de la exclusión de Guzmán. El 11%, en cambio, cree que la culpa real está en el Congreso por aprobar la Ley Electoral bajo la que se han amparado estas decisiones.

Pero en el escenario político, en el que estas acciones han tenido una repercusión directa, empezando por la migración de votos de los candidatos ausentes hacia otras candidaturas, el desprestigio que ha envuelto al JNE no ha sido el único en crecer. Las candidaturas de Keiko Fujimori y Alan García, por ejemplo, de a poco ocupan un lugar central de rechazo en el imaginario colectivo de los ciudadanos.

Fujimori, cuyo padre paga una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y, de acuerdo con mediciones internacionales, presidió uno de los gobiernos más corruptos del mundo en los últimos años, sigue primera en las encuestas con el 32% de apoyo popular. Sin embargo, con el paso de los días, el antivoto que aglutina, es decir, el rechazo a su candidatura, aumenta. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, el 44% de la población definitivamente nunca votaría por ella. Esa cifra es solo superada por el líder del APRA, García, presidente en 2 ocasiones, quien suma el 67% del rechazo popular.

La materialización de esa inconformidad anticipó las encuestas. Alan García, por ejemplo, fue recibido a inicios de año en Cajamarca, donde los comuneros no dudaron en acusarlo de forma directa en la tarima que usaría para su mitin, como responsable de la muerte de varios dirigentes indígenas antimineros. Pero en las últimas semanas, esas palabras han generado acciones: huevos y botellas plásticas han sido arrojados al paso de sus caravanas, o ante los estrados donde el candidato intenta contagiar una emoción que parece estancada en el 6% que lo acompaña en las encuestas.

El rechazo más vivo, sin embargo, ha sido el atribuido a Fujimori. Tras una marcha multitudinaria de repudio a su candidatura, organizada en Cusco, que terminó por cancelar el mitin en el que se presentaría Keiko, las acciones en Lima se han replicado en menos de una semana. Dos marchas en las que miles de personas de la capital han hecho sentir el malestar creciente al posible retorno del fujimorismo al poder, anticipan una serie de movilizaciones programadas en la capital y en las diversas ciudades a las que Fujimori llegará con su campaña.

Los 22’900.000 peruanos que el  10 de abril deberán votar, se caracterizan, de acuerdo con los analistas, por una condición: deciden su voto unos días antes o en el instante mismo de ejercerlo. Ipsos dice que el 80% de las personas encuestadas dice que podrían cambiar de decisión el día de la votación. (I)