Chile y Perú pasaron la página de un histórico y largo conflicto marítimo en el tribunal internacional

El 27 de enero pasado, el juez Peter Tomka, presidente de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, leyó el veredicto inapelable y de cumplimiento obligatorio que puso fin a la historia de desacuerdos limítrofes entre Perú y Chile.

Originada por una interpretación particular de la ley firmada por ambos países en la II Conferencia sobre Derechos del Mar, en 1982, la confusión había mantenido las relaciones diplomáticas de las 2 naciones en un vilo constante, debido a que sus fronteras marítimas no estaban del todo definidas.

La decisión final concedió al Perú 21.928 kilómetros cuadrados de mar, lo que, a nivel político significó una victoria para el gobierno de Ollanta Humala.

Los gobiernos de ambos países se han comprometido a respetar el proceso, si bien los plazos de aplicación de los acuerdos varían.

Sin embargo, el manejo de ese desenlace fue contradictorio y abrupto.
Meses antes del dictamen, los peruanos vieron desfilar una serie de campañas que apelaban a su sentido patriótico, alentando una supuesta reivindicación histórica de la mano de este fallo que inclinaría la balanza de los saldos trágicos obtenidos en la Guerra del Pacífico. Ese clima de enfrentamiento fue asumido también por el jefe de Gobierno, quien, inmediatamente emitido el fallo, ordenó la ocupación militar de la nueva extensión de mar.

Reacciones como esas generaron tensión entre ambas naciones, y un posterior intercambio de interpretaciones particulares sobre el veredicto. En algún momento, incluso, se llegó a mencionar que Chile apelaría el fallo, sintiéndose, como se dijo, perjudicado por el mismo.

Casi 12 meses después, este es un evento que se ha evaporado del imaginario colectivo.
Poblaciones fronterizas como Tacna y Arica, que se suponían las más afectadas por el impacto del acuerdo, han vivido con normalidad los días posteriores a su emisión. Y es que, en línea gruesa, el fallo que ha servido para aclarar institucionalmente los límites de ambas naciones en nada ha alterado la mecánica comercial que han tejido más allá de las diferencias.

El mar que Humala ordenó ocupar de forma inmediata sigue siendo el espacio de extracción pesquera de importantes empresas chilenas; además, la mano de obra que se emplea en ella sigue contando entre sus filas a miles de peruanos.

En la esfera política, sin embargo, este acuerdo ha abierto una serie de horizontes para proyectar unidad a través de planes y programas que busquen el bienestar de peruanos y chilenos. La política binacional que Perú ha mantenido con Ecuador, posteriormente a la firma de la paz en 1998, es el modelo a seguir.

El rédito político que el evento dejó en la imagen de Humala fue una bocanada de oxígeno para el mal momento que su figura venía sufriendo en el imaginario colectivo. Esta ola de apoyo, sin embargo, no fue desaprovechada por políticos, como Alan García y Alejandro Toledo, quienes se adjudicaban el origen, desarrollo y, en parte, la consecución del acuerdo, al haber sido sus respectivos gobiernos partícipes de las negociaciones.

El terreno diplomático ha condensado, como siempre, los ecos del fallo de La Haya. Lo que en él se decida o se proyecte, parece no tocar a la dinámica cotidiana de los pobladores de ambas naciones, quienes han aprendido a buscar el sustento más allá de las supuestas heridas históricas, atendiendo necesidades actuales e inaplazables.