Ayotzinapa, 365 noches esperando a los normalistas

Son 12 meses de protestar en cuanto fuera posible; 365 noches eternas a la espera de sus seres queridos. ¿Dónde están? ¿Qué ocurrió con ellos? Las preguntas se hacen desde el 26 de septiembre de 2014 los familiares y compañeros de 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero (México).

A un año de los ataques perpetrados por corporaciones de seguridad y hombres encapuchados, no hay noticias certeras sobre el destino de los jóvenes desaparecidos y el caso está impune. Al menos 111 personas han sido detenidas, pero ninguna procesada o condenada. Tampoco avanzó la investigación para determinar responsabilidades por las decenas de heridos -2 en estado grave hasta la fecha- y el asesinato de 6 personas, entre ellas los estudiantes Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, a quien arrancaron los ojos y toda la piel de su rostro.

Desde enero pasado el Estado mexicano ha defendido la hipótesis de que los 43 jóvenes fueron entregados al narcotráfico, luego asesinados, calcinados y arrojados sus restos al río del vecino municipio de Cocula. La versión o “verdad histórica”, como la denominó el exprocurador Jesús Murillo Karam, se derrumbó con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Unas pocas semanas atrás, los 5 especialistas que conforman el GIEI sugirieron al gobierno “un replanteamiento general de la investigación”, tras demostrar con documentos del expediente jurídico que diversas fuerzas de seguridad participaron de los ataques, altos funcionarios conocían lo que ocurría en tiempo real, cerca del 80% de las confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura.

Con base en peritajes independientes aseguraron también que es científicamente imposible que los 43 jóvenes hayan sido calcinados en el basurero de Cocula en las condiciones descritas por el Procurador.

Por estos días, la actual procuradora, Arely Gómez, anunció la presunta identificación de restos de un segundo normalista y de inmediato la captura de uno de los presuntos responsables del caso, Gildardo López Astudillo, alias “el Gil”. En pocas horas el golpe mediático resultó adverso: los antropólogos más experimentados del mundo, el Equipo Argentina de Antropología Forense (EAAF), refutaron el anuncio de identificación al afirmar que la coincidencia genética de la muestra ósea “es baja en términos estadísticos”. López Astudillo negó haber dado la orden para incinerar a los normalistas.

El gobierno ha prometido un tercer peritaje sobre los hechos que signan a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto con popularidad a la baja desde los ataques. Una crisis política de dimensión internacional que se ha reactivado durante las últimas semanas, al cumplirse el primer aniversario del caso sin verdad ni justicia.

Ayuno y promesas

Frente al Palacio Nacional, sede de la Presidencia, ayunan madres y padres de los estudiantes para maestros rurales. Incrédulos y enojados con las autoridades, los familiares llevan su protesta al límite, dejan de comer por 3 días cuando muchos de ellos son diabéticos y presentan complicaciones de salud después de un año de angustia, poco descanso y mala alimentación.

Pasan las horas sentados en fila durante el día y acostados en el piso de piedra durante la noche. Se agotan las fuerzas, pero entre sus manos mantienen las fotografías de sus hijos, impresas en grandes lonas blancas. No las sueltan.

Médicos independientes los monitorean y a cada rato algún ciudadano intenta convencerlos: “¡Ya dejen la huelga! ¡Se van a enfermar!”. Sonríen algunos, otros contestan con amable explicación como lo hace Epifanio Álvarez, padre del desaparecido Jorge Álvarez Nava. Son mujeres y hombres que creen en el valor de la palabra y por eso mantienen la suya. Tal vez por lo mismo no entienden la indolencia de las autoridades que un año atrás les prometieron hacer todo por dar con sus hijos, pero no los han visto regresar.

El 29 de octubre de 2014, a casi un mes de los hechos, el presidente Enrique Peña Nieto recibió por primera vez a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, asesinados y heridos. Firmó entonces diez compromisos, pero a la fecha siguen prácticamente pendientes de cumplimiento.

Este jueves 24 se concretó la segunda reunión y el mandatario se negó a signar un pliego petitorio de 8 puntos que incluía “replanteamiento de la investigación en una unidad especializada con supervisión internacional”, “relanzamiento y concentración de la búsqueda” y continuidad del trabajo del GIEI. Peña Nieto les prometió “la investigación sigue abierta, nunca se ha cerrado y no habrá carpetazo” y anunció la creación de una Fiscalía Especializada para desaparecidos.

En total fueron 43 horas de ayuno, divididas en 3 días, interrumpidas por la reunión con Peña Nieto.  Los familiares salieron del encuentro sin atisbo de esperanza. “Vimos a una totalmente insensible”, resumió Mayra Telumbre, tía del desaparecido Christian Rodríguez Telumbre.

Ratificaron que siguen en lucha. “Es momento de levantar la voz y exigir justicia para los 43 y las más de 26 mil personas desaparecidas”, apuntó Cristina Bautista, madre del estudiante Benjamín Bautista.

La mujer agregó: “Estamos dispuestos a dar la vida y aquí estamos, más fuertes que nunca”.

Este sábado 26 se esperan protestas en la capital y diversas ciudades de México y el mundo. (I)