En medio de una sociedad dividida en dos, marchas a favor y en contra y una docena de colegios secundarios tomados como método de presión, la Cámara de Diputados de Argentina debatirá este miércoles 13 de junio un proyecto sobre el aborto en un país católico pero que en los últimos años ha sido pionero en América Latina en materia de matrimonio igualitario y con una revolucionaria ley de género.

La cámara Baja del Parlamento también dividió sus aguas frente a este tema que presenta el férreo rechazo de la Iglesia católica, bajo el ala del papa argentino Francisco y sus mensajes de defensa de la vida.

Según los últimos cálculos de la prensa local, 119 diputados ya anticiparon su voto negativo al proyecto, 111 están a favor y 24 se mantienen indecisos. En caso de aprobarse, el proyecto pasaría al Senado, donde las dificultades son aún mayores, ya que este cuerpo se ha caracterizado siempre por ser más conservadores que Diputados.

La ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es discutida en comisiones desde hace meses con ponencias a favor y en contra de especialistas y personalidades del quehacer cultural y social del país austral, en medio de debates que llegaron incluso a las pantallas de televisión.

La norma permitiría abortar hasta la semana 14 del embarazo.

La sesión de este miércoles, según se espera, será maratónica y se extenderá durante toda la jornada con las exposiciones de decenas de legisladores. Se estima que la votación se realizará durante la madrugada o la primera hora de la mañana del  jueves.

Afuera del Congreso habrá incluso dos movilizaciones simultáneas convocadas por un lado por las organizaciones que se autodefinen como “provida” y que se oponen al aborto y por el otro los grupos que respaldan la iniciativa y que se identifican por sus pañuelos verdes en sus cuellos.

“Me voy a movilizar al Congreso para que los diputados vean que hay mucha gente que quiere que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y para que un montón de mujeres pobres dejen de morir”, dice a EL TELÉGRAFO Camila Azul Chávez, estudiante de cuarto año del tradicional colegio secundario público Carlos Pellegrini, una de las 12 escuelas tomadas en la capital argentina para presionar por la aprobación de la ley.

400.000 legrados al año
Distintas organizaciones que respaldan el proyecto calculan que cada año se realizan en el país unos 400.000 legrados y que cientos de mujeres pobres fallecen como consecuencias de estas intervenciones ilegales en clínicas clandestinas.  

Los grupos “provida” minimizan estos números y sostienen una encendida crítica al aborto bajo el lema “Salvemos las dos vidas”.
“El aborto es un fracaso social y no puede ser nunca una solución. Denunciamos las presiones contra los diputados y pedimos que respeten las dos vidas”, afirmó Andrés Perotti, activista del movimiento Provida de la ciudad de Rosario.

El debate fue impulsado por el presidente Macri a pesar de su conocida postura en contra de esta práctica.

Los intentos de llevar una ley al Congreso en los últimos años de gobierno “kirchnerista” fracasaron seis veces desde 2007 a pesar del carácter “progresista” que se le atribuye a algunas de sus reformas. Entre ellas la ley del matrimonio igualitario y una ley de género que permite a cualquier argentino optar por el sexo de elección sin tener que recurrir a una intervención quirúrgica y con un simple trámite en el registro civil. Sin embargo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca promovió el debate y se manifestó incluso en contra de abortar.

El proyecto que se debate ahora entre Diputados, de aprobarse, garantizaría a las mujeres el derecho de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con su solo requerimiento hasta la semana 14 de gestación. Pero fuera de ese plazo, la mujer podría abortar en caso de violación, si estuviera en riesgo su vida o su salud o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.  

El Código Penal vigente desde 1921 considera al aborto como un delito, aunque contempla que “no es punible” cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

Los legisladores además debatían este martes 12 de junio la creación de un registro de “objetores de conciencia” para médicos, pero no de centros de salud.

“Prácticamente hay un empate técnico”, dijo el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, Daniel Lipovetzky, de la alianza oficialista Cambiemos. La tensión se palpará entonces tanto fuera como dentro del Congreso. Para el diputado, la brecha entre quienes votarán a favor o en contra de la ley es de solo “uno o dos” sufragios.

Ese virtual empate se da también en las encuestas. El último sondeo conocido sobre el tema, de la consultora Isonomía, dio como resultado un 46% en contra del aborto, un 45% a favor y el resto de indecisos. (I)