42 congresistas de Perú cambian de opinión y votan en contra de ley laboral juvenil

Para el gobierno de Ollanta Humala este ha sido un inicio de año de dificultades. El capital político acumulado en su mandato, con el que esperaba enfrentar 2015, el último frente al Ejecutivo, ha sufrido un desgaste de tal magnitud que ahora algunas proyecciones vaticinan lo peor para su gestión.

La causa, de acuerdo a numerosos análisis políticos, tiene que ver con la necedad. Y es que el de Humala demostró, una vez más, ser un gobierno con escasa maniobra política al insistir, desde el 16 de diciembre pasado, en que el Régimen Laboral Juvenil se sostenga más allá de la inconformidad popular.

La norma, cuestionada desde entonces por reducir los beneficios laborales para los jóvenes entre los 18 y 24 años, fue emitida por el Ejecutivo y aprobada, con 69 votos a favor, en el Congreso con lo cual entró en vigencia a finales del año pasado.

El reglamento, si bien incluía el derecho a recibir las utilidades (dividendos) de la empresa, no contemplaba el acceso la compensación por tiempo de servicio (CTS), las 2 gratificaciones anuales, el seguro de vida y la bonificación por carga familiar.  El efecto inmediato fue inesperado. Desde el día que fue aprobada  miles de jóvenes, convocados por las redes sociales, decidieron salir a las calles asumiendo movilizaciones de rechazo en contra de lo que se tildó como una forma de discriminación laboral.   

Unos 40 días bastaron para que los chicos, organizados en 5 marchas multitudinarias que paralizaron arterias importantes de la ciudad, pusieran en jaque la intención humalista, logrando que el pasado lunes 26 de enero, el mismo Congreso que aprobó la norma sea el encargado de dejarla sin efecto.

Este hecho, según el politólogo Francisco Retamozo, ilustra el profundo revés político que ha tenido el gobierno de Humala. “No se trata de la sola suspensión del Régimen Laboral, sino de un reajuste en las fuerzas políticas que participan en la vida del Estado. Humala demostró que su gobierno no fue capaz de manejar una situación de estas características, lo que implica que varios de sus frentes se ven desvalidos”.

Retamozo se refiere al costo político detrás de la neutralización de la ley. En el camino por imponer su voluntad, el Partido Nacionalista del Perú, tienda política del presidente, evidenció fisuras internas. “La norma iba en contra de lo que la centro izquierda tiene como convicción, no podían votar por algo que restaba derechos a los jóvenes”, plantea el politólogo, para explicar la votación dividida de los congresistas nacionalistas, en la que se incluye el voto de la vicepresidenta del país, Marisol Espinoza.

Esas fisuras llegaron a su punto más alto cuando, antes de la votación del lunes pasado, Sergio Tejada, uno de los congresistas más visibles del nacionalismo, renunció a la tienda humalista, aduciendo que el suyo no sería un voto en contra del pueblo. Con esta deserción, el peso que el partido del presidente tenía  en el recinto legislativo se deteriora, dejando la vía libre para que Fuerza Popular, el partido político de los fujimoristas, asuma como primer bloque en el Congreso del Perú.

Pero acaso la derrota más sentida sea la que el presidente cosecha de su pueblo. La insistencia en llevar a buen puerto la enmienda hizo que el nivel de aceptación de Humala se redujera en al menos 3%, imponiendo sobre su gestión un alto nivel de desaprobación.

La respuesta con la que el oficialismo ha tratado de enfrentar este revés apunta a señalar como maniobra política, la acción de los congresistas al echar por los suelos los cambios que intenta el régimen. En la votación del lunes pasado, cerca de 42 congresistas que, en primera instancia votaron a favor de la ley, decidieron cambiar de opinión, apoyando el cese de la norma. Ese viraje repentino, dicen los humalistas, tiene que ver más con el cálculo político, al ser el siguiente un año electoral, antes que con una decisión pensada a favor de los jóvenes.

“La institucionalidad en el Perú evidencia su erosión en eventos como estos, por un lado tenemos a un presidente emitiendo una norma que recorta de forma agresiva derechos generales de los trabajadores y por el otro, a congresistas que no leen con atención lo que aprueban”, apunta Retamozo.

Por otro lado, los ganadores, los jóvenes, han despertado una atención inusitada para los movimientos sociales en el vecino país. Marchas como las convocadas para protestar contra la ley no se veían en el Perú desde la caída de Fujimori, más de 15 años. Los jóvenes, que representan un tercio del padrón electoral, han declarado que seguirán vigilantes de las políticas públicas.

Una vez aprobada la eliminación de la norma, las calles de Lima, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Arequipa, Iquitos, entre otras, fueron tomadas por los manifestantes, quienes buscarán la aprobación de un Reglamento General de los Trabajadores, así como el apoyo a grupos de obreros textiles que buscan mejoras para su producción, 2 causas urgentes que convocan a los jóvenes a las calles en febrero.

“La inquietud principal está en ver si este grupo de jóvenes logra articularse más allá de esta necesidad puntual. En el Perú las tiendas políticas siguen marcando la senda del poder, por ello parece muy difícil presagiar que de este nuevo grupo puedan surgir propuestas”, apunta el politólogo Retamozo.