Treinta y tres días, y contando. Carlos Pareja Cordero y su hijo, Carlos Pareja Dassum, permanecen detenidos desde el 8 de mayo en el penal Castro Castro de Lima, la capital del Perú, país al que ingresaron de manera ilegal el 25 de diciembre del año pasado.

Lo que se presagiaba como un mecanismo judicial inmediato, una vez puestos a disposición de las autoridades peruanas, se ha convertido, durante el último mes, en un caso de muchos matices y del que, incluso ahora, no se puede presagiar un desenlace definitivo.

Y es que al no ser expulsados del país de forma inmediata, una vez interceptados por la Policía, los Pareja fueron incluidos en un proceso judicial que busca devolverlos a Ecuador a través de la figura de la extradición.

En Perú, de acuerdo a la ley, la extradición se ejecuta una vez que se han agotado instancias legales en las que se ratifica la calidad de extraditables de los detenidos. Para que ese trámite se inicie se requiere el expediente de extradición, un grupo de documentos en los que se argumenta la condición de acusados de parte del país de destino.

La justicia ecuatoriana ha preparado, esta semana, ese expediente. Una vez ingrese al sistema judicial de Perú, el recorrido hasta encontrar una respuesta se antoja complejo. Deberá ser recibido por un juez local, quien decidirá si procede o no la causa. 

Si decide que sí, enseguida el Poder Judicial deberá manifestarse al respecto. Pero si la respuesta es no, el expediente pasaría a una instancia superior. Ahí, un juez nacional deberá argumentar si la causa puede revisarse o no. Si no, el proceso acabará de forma definitiva.

Si es sí, entonces el expediente irá recién al Poder Judicial, el mismo que emitirá un fallo para ser discutido y firmado por el consejo de Ministros y el Presidente de la República. Lo que sigue, en este último caso, es un avión llevando a los Pareja hasta la frontera.

Daniel Maurate Romero, abogado de Ecuador en este caso, menciona que aunque no es posible determinar con exactitud el tiempo que demorará este trámite, sí se sabe que estará regido por fechas: los cuarenta días de prisión que la jueza Susana Coronado dictó sobre los detenidos, por ejemplo.

Pero en el terreno legal, el de  interpretaciones y argumentos, no hay tiempo muerto. Mientras el expediente avanza en el sistema judicial peruano, la defensa de los Pareja adelanta estrategias tras dos objetivos: lograr que enfrenten el resto del proceso fuera del penal Castro Castro, y conseguir, en un caso ideal, que puedan evadir la posible extradición.

Tras el primer objetivo se ha presentado una apelación a la justicia local pidiendo que los detenidos puedan comparecer libremente a los llamados que haga la justicia o que, en su lugar, se les otorgue prisión domiciliar. En el fondo, de acuerdo a la Ley de Perú, lo esencial es no perderlos de vista.

Esta petición deberá solucionarse en una audiencia los próximos días.

El segundo objetivo, sin embargo se presenta más complejo.

Intentando pescar a río revuelto, los Pareja acercaron una petición formal a Acnur para ser declarados refugiados políticos: una condición migratoria que no puede aplicarse cuando, en el país de origen, son acusados por delitos de corrupción. 

Aun así, el misterio que ronda el trámite de Acnur tiende a ganar terreno en medio de las estrategias que la defensa de los detenidos despliegan en Lima.  (I)