Los factores claves para el desarrollo siempre han estado asociados a elementos económicos, sociales y políticos. Por el contrario, temas como la cultura, el género, la justicia y la naturaleza han permanecido bajo el tapete del debate público nacional, pues no se los consideraba como estratégicos o prioritarios.

El nuevo Plan para el Buen Vivir del Ecuador plantea no solo la incorporación de estos necesarios ejes en la planificación nacional, sino nuevas metodologías de políticas públicas que atiendan realidades aparentemente “complejas y distantes”, como la del campo cultural y artístico, y del sector justicia.

En esta nueva entrega de análisis sobre el Plan, discutimos los alcances de los objetivos 5 y 6: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos). La construcción colectiva del espacio público, como lugar de encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de convivencia autoritarias y violentas por formas de cohabitación que puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre de diálogo intercultural.

Asimismo, repensar el concepto de seguridad integral consagrado en la Constitución plantea una ruptura frente a la tradicional mirada reactiva del problema de la inseguridad. Los avances en la transformación de la justicia y en el fortalecimiento de la seguridad deben apuntar hacia la generación de un país de paz.

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad

La economía, la política y el conocimiento sólo adquieren sentido cuando se viven y asimilan en el día a día. Y en esto tiene protagonismo el desarrollo de la cultura, el espacio público y el diálogo entre culturas, llamada interculturalidad.

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 (PNBV) la cultura es entendida como “un proceso social dinámico y en permanente transformación que genera nuevos contenidos y modifica y recrea el saber acumulado por la sociedad”. Y esta cultura se produce y reproduce en el espacio público.

Pero en la práctica, esto es mucho más complejo de lo que parece. Se trata en último término de construir simbólicamente los espacios de diálogo. Hacia allá apuntarán las estrategias trazadas por el Estado. En el campo de la cultura se apostará por el fortalecimiento de industrias culturales, es decir, por estructuras que permitan insertarse al mundo simbólico en la transformación de la matriz productiva a la vez que patear el tablero de la dominación ideológica mientras se fortalece la identidad plurinacional e intercultural del Ecuador.

Hacia 2017 se buscará, en este sentido que se produzca un promedio de 18 obras audiovisuales, tres veces más que en 2012 y que se estrenen en las salas de cine comercial al menos 15 obras cinematográficas independientes de producción y co-producción nacional, cuando el año pasado esta cifra era de cinco.

A su vez, esto también abre lugar para construir un espacio público mediático distinto, con la regulación del espacio radioeléctrico de forma equitativa y democrática, una política de cuotas de pantalla y la exigencia de una mejor programación. La reciente aprobación de la Ley de Comunicación abona en la dirección planteada en el Plan.

Finalmente, queda el espacio público físico como el lugar privilegiado para el encuentro intercultural y la reproducción de sentidos simbólicos. Entre las metas definidas hasta 2017 resalta conseguir que el 13% de la ciudadanía se involucre en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias. Además, en el tema identitario, se buscará que el 90% de las personas reciban una transmisión de la lengua nativa de parte de sus ancestros y que el 83% de la población autoidentificada como indígena hable su lengua nativa.

Para impulsar y consolidar estos procesos se promoverá la preservación, el fomento y la difusión de las memorias colectivas e individuales, impulsar los procesos de creación cultural en todas las formas y por parte de todas las diversidades, promover las industrias y los emprendimientos culturales, garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación, promover la integración intercultural y regular la programación de los medios de comunicación desde un enfoque de derechos humanos y de respeto a la naturaleza, entre otras políticas. También se promoverá la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público con el fin de construir relaciones sociales solidarias, lo que pasa por el fortalecimiento en todo el país de los Centros Interculturales Comunitarios y la promoción de procesos de regeneración urbana incluyentes y que favorezcan a las economías locales.

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es uno de los problemas más graves por las que atraviesa la sociedad ecuatoriana. Los indicadores son difíciles de asimilar aún, pese a los esfuerzos realizados y los logros conseguidos.

Empieza en el hogar: el 40% de niños y adolescentes, de 5 a 17 años, ha recibido golpes en el ambiente intrafamiliar, el 3% ha sido sujeto de burlas e insultos y el 1% padeció encierro, expulsión y privación de comida. También se incluye aquí la violencia de género (seis de cada 10 mujeres lo recibieron). Luego sigue en la escuela: el 27,4% de las personas entre seis y 17 años declaró que fue agredido físicamente por sus profesores. La violencia llega a la calle: la tasa de homicidios-asesinatos fue de 12,4 por cada 100.000 habitantes en 2012, cinco puntos menos que en 2006 y el componente del uso de armas de fuego ha descendido también. Están aquí la trata de personas, una forma de crimen organizado creciente, la accidentabilidad en el tránsito y los delitos contra el patrimonio, éstos últimos también experimentaron una caída entre diciembre de 2011 y 2012, al pasar de 8,2% al 4,4% en la población de más de 16 años.

Es aquí donde se ha producido un punto de quiebre en los últimos años. La violencia recibe del Estado un enfrentamiento que pasa por la transformación y modernización del sistema de justicia. Existe un proceso de reforma en marcha, que pasa por varias etapas. Uno de ellos es la mejora del acceso a la justicia: hay más jueces, fiscales y defensores públicos; hay una mayor inversión en la justicia; se resuelven las causas pendientes con mayor celeridad (2.460.265 causas represadas en 17 meses –julio 2011 a diciembre 2012- respecto a 1.520.000 entre 2006 y 2011); han aumentado las denuncias disminuyendo la impunidad y se invierte en más y en mejores centros de rehabilitación social.

En este contexto, las metas al 2017 son ambiciosas. Una de ellas es la reducción el porcentaje de personas víctimas de delito del 4,5% a 2012 (línea base) al 2,2%. Otra es la disminución de la tasa de homicidios a ocho muertes por cada 100.000 habitantes y la de homicidios por armas de fuego 62.5% a 50%. La violencia de género también deberá caer bajando a dos muertes por cada 100.000 mujeres y la mortalidad por accidentes de tránsito debe bajar a 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Desde el lado de la justicia, se propone que después de cuatro años haya doce jueces, ocho fiscales y cinco defensores por cada 100.000 habitantes. Finalmente, se buscará reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad al 40% (en 2012 es del 73%).

De manera que se ha establecido que el curso de acción de la política pública considere como temas fundamentales el acceso a la justicia a través de los distritos y circuitos, mejorando la gestión de los servicios y consolidando el proceso de justicia indígena, la lucha contra la impunidad, la implementación de tecnología en el sistema de información de justicia, un sistema de rehabilitación social que evite niveles de hacinamiento de las personas privadas de libertad, y el combate a la delincuencia común y organizada.