Sí a las mesas de diálogo

Queridos lectores y amigos, en mi artículo anterior comenté la inconstitucionalidad de que adolecían las resoluciones del Consejo de la Judicatura que contenían el “Reglamento de cobro de tasas por servicios administrativos de diligencias y actuaciones de la Función Judicial” y solicité, con mucho respeto, su reconsideración. Celebro la oportunidad con que se atendió este pedido, derogándolas y abriendo un espacio de diálogo. No obstante, como es conocido el aforismo de que “en derecho se deshacen las cosas como se hacen”, como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y en representación de los gremios de abogados del país, he solicitado al Consejo de la Judicatura, motive y fundamente dicha derogatoria, a fin de que el acto administrativo tenga plena validez legal.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh, señaló la necesidad de conformar mesas de diálogo a fin de analizar las normativas necesarias para reglamentar las actuaciones que demandan los procedimientos judiciales, propuesta que es compartida íntegramente y que beneficia no solo a los agremiados que represento como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados del Guayas, sino también a toda la ciudadanía. De allí la importancia de integrar a dichas mesas de diálogo a diversos actores de la realidad jurídica y judicial nacional.

Es por todos conocidos que desde hace algún tiempo solicité tanto al Consejo de la Judicatura como al Ministerio de Justicia, se atienda la problemática que en varios frentes sufre el ejercicio de la abogacía, que incide en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Cito algunos de estos frentes: Competencia desleal por parte de la Defensoría Pública con el gremio de profesionales del derecho, desviando el espíritu social de su ejercicio al patrocinar personas y procedimientos de cuantías alejadas de su competencia; demora en la sustanciación de las causas y cuando se acude para conocer el porqué de ello, los coordinadores – al no ser abogados, sino profesionales de otras ramas – no comprenden ni dan solución alguna a este retraso; maltratos y vulneraciones a la intimidad personal que recibe la ciudadanía, los fiscales, en fin, los operadores judiciales y los abogados al acceder a los centros de rehabilitación social del país.

Reitero que coincidimos en la necesidad de que se realicen los controles respectivos al ingresar a los centros penitenciarios, pero este control no debe vulnerar la intimidad del que acude donde un privado de la libertad, ya sea por ser su familiar, para realizar alguna diligencia, o para brindar la asesoría o patrocinio necesario a su cliente.

Por lo dicho, ratifico nuestra respuesta al llamado al diálogo efectuado por el Consejo de la Judicatura y que se incluya en esas mesas de diálogo, el tratamiento de los temas neurálgicos que como ejemplo enuncié en líneas precedentes, diálogo que permitirá alcanzar los resultados que favorezcan y fortalezcan la representación de los poderes del Estado en la administración de justicia y realidad carcelaria, así como el ejercicio de la profesión de la abogacía en defensa de los derechos de la ciudadanía toda.

La naturaleza, dentro de esta dolorosa experiencia por la pérdida de la vida de centenares de ecuatorianos, nos ha dejado una enseñanza que no debemos dejar de recordar cada día: podemos perder todo, incluso la vida en 55 segundos. No perdamos un segundo de vida en confrontaciones. Es tiempo de construir y reconstruir, es tiempo de dialogar y avanzar. Invito, una vez más, a esas voces aisladas que hoy se unen para cuestionar y no para proponer, que depongan sus actitudes que solo reflejan intereses personales.

Aprendamos la lección del terremoto del 16 de abril. Contamos con una nueva oportunidad de servir a nuestra ciudadanía sin buscar beneficios personales, dejándolo todo por y para aquellos a quienes representamos. ¡Juntos Somos Invencibles! (O)