“Los invito a salir a las calles, a tomarse las instituciones públicas y a cerrar las carreteras”.

Esta frase, expresada el 28 de octubre de 2018 durante una convención del movimiento correísta Revolución Ciudadana, fue el origen de la denuncia que llevó a Ricardo Patiño Aroca a salir del país el miércoles último, antes de que se lo prohibieran.

No pensó el exministro que al instar a sus militantes a la “lucha combativa” estaba presuntamente cometiendo un delito relacionado con la seguridad del Estado. Y que esto le generaría incluso su encierro.

Hubo un primer intento el sábado 13 de abril. La Fiscalía había solicitado a la jueza Beatriz Benítez que ordenara prisión preventiva contra el excanciller para investigaciones. Pero se salvó porque la operadora judicial no lo hizo.

Como si fuera la crónica de una prisión anunciada, Patiño presentó una acción de protección para impedir la instalación de la audiencia de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de instigación.

Sabía que no iba a tener la misma suerte que tuvo con la jueza Benítez. Por eso, mientras ya estaba en otro país (Perú), envió a su abogado, Fernando Yavar, a la audiencia de acción de protección, donde no consiguió su objetivo. La jueza de lo Civil, Fátima Cedeño, la negó.

Así, en el complejo judicial de Latacunga, a las 12:30, el juez de Garantías Penales, Flavio Palomino, presidió la audiencia a puerta cerrada sin la presencia del excanciller y de la fiscal general, Diana Salazar, quien había sido convocada, pero estuvo el agente fiscal Franklin Morocho, el abogado Yavar y un representante de la Procuraduría del Estado.

En los exteriores de la unidad judicial estaba Fernando Balda, quien consiguió que juzgaran a los agentes de la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa por su secuestro en Colombia. 

La audiencia duró hasta las 16:00. El fiscal Morocho presentó 10 elementos de convicción, entre ellos las dos denuncias en contra del procesado, un parte policial sobre una entrevista al exfuncionario, quien dice “que tiene que pensar seriamente si se queda o no en el país”.

Esto motivó al juez Palomino a ordenar la prisión preventiva contra Patiño por el delito de instigación, y solicitar la difusión roja de la Policía de Interpol. Dispuso 90 días para la instrucción.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el artículo 363 sobre la instigación señala que “la persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. (I)