La Dirección de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Protección contra la Impunidad de la Defensoría del Pueblo será la encargada de gestionar el Programa de Reparación por vía administrativa, informó María Fernández, coordinadora general zonal del ente en Guayaquil, Durán y Samborondón.

La funcionaria explicó que atenderán a las personas que están incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad que investigó este tipo de delitos ocurridos entre 1983 y 2008, y que las solicitudes serán recogidas en los despachos zonales, las que serán evaluadas por la Dirección de Violaciones, que tiene como sede Quito.

Agregó que esta unidad cuenta con un equipo interdisciplinario de médicos, sociólogos, sicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros, que harán un estudio objetivo de cada uno de los casos.

La unidad cumplirá una jornada de trabajo en Guayaquil para atender a unas 90 personas con las que ya se socializó el proceso desde 2014, anunció Yolanda Galarza, responsable del Programa de Reparación a Víctimas de la Defensoría.

Galarza aclaró que la institución está a cargo de la reparación inmaterial a la que desee acogerse el solicitante. Esto significa que gestionarán una línea de rehabilitación física y sicosocial; el asesoramiento, representación y patrocinio legal para la judicialización de los casos; y de la aplicación de medidas simbólicas y de satisfacción. Acotó que la siguiente semana visitarán Loja.

Fernández detalló que el proceso inicia con la presentación de la solicitud y los requisitos y se notifica el registro; después se realizan sesiones de trabajo con los beneficiarios para analizar las medidas de reparación; posteriormente, se elabora un informe preliminar que podría ser modificado; y finalmente, se emitirá un informe definitivo, se suscribirá un acuerdo reparatorio inmaterial y se enviará el expediente al Ministerio de Justicia,Derechos Humanos y Cultos, que está a cargo de la reparación material, en otras palabras, las indemnizaciones económicas.

Reglamento al Registro Oficial

Cristina González, encargada de la Oficina de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, comunicó que ya se envió para su publicación en el Registro Oficial el reglamento donde consta el procedimiento para que las víctimas efectivicen el pago de las indemnizaciones económicas, si es el caso.

González dijo que atenderán a cada persona cuando hayan culminado el proceso en la Defensoría del Pueblo y satisfagan su reparación inmaterial. Luego de ello coordinarán y acordarán el pago, para lo cual se tomará como referencia las sentencias reparatorias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en casos similares.

A criterio de Susana Cajas, quien fue detenida en Esmeraldas por una patrulla en 1984 y sometida a violencia sexual, la parte económica no es tan importante como el reconocimiento por el Estado y de las autoridades de que sí ocurrieron violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, destacó el proyecto de creación, en coordinación con el Ministerio de Cultura, del “Museo de la Memoria”, que a criterio de los colectivos que reúnen a las víctimas debería instalarse donde funcionaba el SIC 10, en Quito, así como rescatar otros lugares simbólicos del país.

Cajas agregó que otra propuesta es para el Ministerio de Educación y que se trata de la creación de la cátedra de Derechos Humanos dentro de la cual las víctimas puedan contar sus experiencias, con el fin de que se haga conciencia y que estos casos no se repitan.

Tipos de solicitudes

Fernández informó que hay 3 tipos de solicitudes. La directa es para las propias víctimas, la indirecta para los familiares de los afectados hasta en segundo grado de consanguinidad, y la de procuración común que es para grupos de perjudicados.

Galarza recalcó que están contactando a los afectados por correo electrónico, vía redes sociales, llamadas telefónicas y demás medios para que se acerquen a las oficinas de la Defensoría a llenar las solicitudes.