Justicia para todos
Queridos lectores y amigos, como es de su conocimiento, hace ya varios años he elevado nuestra voz en protesta por la equidad e igualdad que merecemos los abogados en el ejercicio de la profesión, ejercicio qué, a más de ser desarrollado a favor de nuestra clase abogadil, representa la defensa de la sociedad en general frente a sus derechos ciudadanos.
Hoy, que nos encontramos con la defensa del desposeído, analizamos con cabeza fría los factores intrínsecos de la necesidad de proteger a nuestro gremio a nivel nacional, siendo el caso que la gestión que desarrolla la Defensoría Pública presenta para los particulares una opción desdibujada de su propósito constitucional y legal.
Tal como vendrá a su conocimiento del contenido de la prensa escrita, los titulares de los medios de comunicación hacen referencia a gestiones inexactas que desarrolla la Defensoría Pública en beneficio de nuestra colectividad, siendo nuestra realidad, tal como se me ha presentado esta última semana, que a ciudadanos demandados de forma injusta e ilegítima, quienes carecen de todo recurso económico, se les ha negado de forma expresa el acceso a la defensa, sin siquiera haberles efectuado un análisis socioeconómico, tal como lo demanda la Constitución y la ley, configurando de este modo la perfecta improcedencia del objetivo de esta institución llamada Defensoría Pública, que lejos de cubrir las necesidades ciudadanas, se erige como institución sin norte, dedicada a satisfacer las necesidades de sus más cercanos amigos o allegados.
La Constitución de la República del Ecuador señala que la administración de la justicia es gratuita en nuestro país, principio entre el cual dispone con claridad meridiana la creación de una Defensoría Pública en beneficio de la ciudadanía más necesitada, aquella que no posee recursos para contratar los servicios de un profesional que defienda sus derechos o intereses, siempre propendiendo a no lesionar el libre ejercicio de la abogacía, profesión que, hoy más que nunca, se ve amenazada por la coexistencia de una entidad que con recursos públicos ‘selecciona’ los ciudadanos que por su capacidad económica o social debe defender, contrariamente a su propósito constitucional orientado a aquellos ecuatorianos sumergidos en quintiles de pobreza y necesidad, cuya realidad les impide acceder a una defensa justa y garantizada en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.
La Defensoría Pública, por su inexacta administración, se ha constituido en nuestro país, en aquella principal y desleal competencia del abogado en el ejercicio de su profesión, dado que, recibiendo un salario mensual, proveniente de recursos públicos, atiende causas o reclamaciones que ante ella se plantean sin establecer la procedencia de su accionar en virtud de la realidad de la condición social y económica del patrocinado, tal como es su mandato constitucional y legal.
Apelamos nuevamente al diálogo eficaz y efectivo, en la condición que representamos como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y como Colegio de Abogados del Guayas, que nos permita acceder al diálogo necesario con las autoridades responsables de este inadecuado accionar, que no cubre las necesidades ciudadanas y que veja enormemente los derechos de una clase profesional, que día a día lucha por llevar el sustento a su hogar.
¡Juntos somos invencibles! (O)
