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40 nuevos jueces y juezas fueron posesionados ayer

Guayaquil festeja con logros en justicia y seguridad (Infografía)

Los nuevos magistrados fueron posesionados por el presidente de la República, Rafael Correa, autoridades del Consejo de la Judicatura y otras secretarías de Estado. Foto: Carina Acosta / El Telégrafo
Los nuevos magistrados fueron posesionados por el presidente de la República, Rafael Correa, autoridades del Consejo de la Judicatura y otras secretarías de Estado. Foto: Carina Acosta / El Telégrafo
10 de octubre de 2014 - 00:00 - Redacción Justicia

El Consejo de la Judicatura posesionó ayer en la Corte de Justicia de Guayas a 40 magistrados que prestarán servicios en Guayaquil, los que accedieron a las vacantes a través de un concurso de méritos y oposición.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), informó que con la incorporación de los nuevos jueces y juezas, Guayas alcanza una cifra de 411 funcionarios con ese cargo.

En el caso de Guayaquil, donde el Consejo de la Judicatura invirtió más de $ 100’000.000 en 3 obras (Complejo Judicial Norte, Sur y Corte Provincial), ahora tiene 265 jueces. Los incorporados ocuparán las plazas en las unidades Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Penal; Civil y Mercantil; y Laboral.

El destino de bienes del Estado, y su distribución por otras ciudades han beneficiado a la población, pues actualmente la tasa de jueces es de 11 por cada 100.000 habitantes, con lo que se supera el índice de América del Sur, pero la aspiración del CJ es llegar a 15, agregó.

A la posesión asistieron el presidente de la República, Rafael Correa, y las máximas autoridades encargadas de velar por la justicia y la seguridad del país.

Durante el acto, Jalkh hizo una comparación entre las condiciones del sistema judicial hace unos años y las de ahora, por ejemplo, recordó que en 2007, en Guayaquil, se registraron 1.980 caducidades de prisión preventiva, mientras que en 2014 solo hubo 2, por delitos menores.    

Además rememoró que en la ciudad, en 2010, más del 50% de audiencias penales eran fallidas (no se efectuaban) y el promedio nacional del 35%, mientras que en lo que va de 2014 el 98% de las diligencias judiciales convocadas en el país se realizaron (en el caso del puerto principal solo el 5% no se pudo desarrollar).

Jalkh atribuyó el avance al apoyo del Gobierno, pues de lo contrario el sistema judicial no sería efectivo, como sucedió por décadas, expresó.

El primer paso fue el llamado a la Consulta Popular (realizado en 2008), que tenía como uno de sus fines reformar, renovar y reestructurar la justicia: “no como sugerencia, si no como una orden del pueblo ecuatoriano”, enfatizó.

Luego de la aprobación de la ciudadanía fue posible aumentar el número de operadores de justicia de carrera, no temporales, como antes; dotar de nueva infraestructura y tecnología a la Función Judicial y  elaborar normas apropiadas (como el Código Orgánico Integral Penal).

“No nos vamos a detener con estos cambios, llegaremos al final, hasta que el último ciudadano viva integralmente la tutela efectiva de sus derechos y hasta haber erradicado el último rezago de indolencia por corrupción, que hoy es la excepción”, dijo Jalkh.

Llamado a seguir mejorando

El presidente Correa, luego de lo expuesto, hizo un llamado al CJ a dar otro paso igual de importante: mejorar la eficiencia del servicio y racionalizarlo.

Explicó que el acceso a la justicia que ahora vive el país puede dar lugar al abuso del mismo, por ejemplo, el inicio de procesos que luego quedan abandonados.

“Es claro que no habrá límites para el ingreso de causas anualmente”, manifestó Correa y para sustentarlo detalló que en 2008 ingresaron 524.205 causas, de las cuales solo se resolvieron el 23%, sin embargo en 2013 se registraron 1’135.279, y el índice de resolución fue del 98%.  

Esto significa que en 5 años hubo un incremento del 117% de acciones legales, pero por fortuna la resolución aumentó el 816%, agregó el Mandatario, no obstante aclaró que es necesario optimizar los recursos del Estado ($679’000.000 destinados en la actualidad).

Correa destacó los aspectos que considera importantes para lograr el objetivo: el primero, el Código Orgánico General de Procesos, que hoy está en manos de la Asamblea Nacional. Este propone reducir de 80 a 4 los tipos de procedimientos para la administración de justicia y también insiste en la oralidad, método que permitirá superar las dificultades del sistema escrito.   

El segundo es la mediación, modalidad que posibilita, a través del diálogo, resolver situaciones sin que se llegue a una etapa de juicio. “Esto es clave para mejorar la eficiencia del sistema judicial”, dijo finalmente Correa.

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