Al menos 6 compañías de seguridad de la provincia de Imbabura empleaban armamento que, según se descubrió en operativos realizados por efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), registraba anomalías.

Según un comunicado de la institución, se programó la revisión de 20 de estas empresas, de las cuales 6 no fueron localizadas; una operaba sin permiso; en 4 se encontraron armas duplicadas; en una tenían armas en mal estado, y en otra habían armas con números de series borrados.

Por ejemplo, se hallaron 8 revólveres con fallas. Además, alrededor de 300 frascos de gas pimienta que estaban caducados.

Edmundo Mora, jefe del Centro de Control de Armas, indicó que de acuerdo con la Ley de Armas el uso de aerosol o gas pimienta es exclusivo de la Policía Nacional o del Ejército; y que para que las compañías de seguridad tengan estos implementos debieron pedir permiso a las FF.AA. y adquirirlos a un importador autorizado.

Javier Trujillo, jefe de la Brigada de Infantería 31 Andes, señaló que algunas operaban con permisos de funcionamiento y de armas no renovados. Otras empresas, según el Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar), usaban armamento anteriormente decomisado. Los agentes además ejecutaron pruebas físicas y se detectó que un porcentaje estaba reportado como robado.

El mayor Diego Toscano, jefe de Control de Armas del Guayas, indicó que es obligación y responsabilidad de los representantes de las empresas registrar las armas que utilizan. “Deben presentar el armamento, la documentación, el lugar donde será empleado y la identificación de la persona que lo manipulará. Si la empresa no lo hace, se constituirá en un delito que será investigado por agentes de la Fiscalía”, indicó.

Toscano explicó que el personal de las Fuerzas Armadas indaga los motivos por los que la empresa ha estado operando irregularmente y puede imponer sanciones administrativas como amonestaciones escritas, multas de $ 200 a $ 600, suspensión temporal, hasta la clausura definitiva de la compañía.

La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada establece que: “Las compañías de responsabilidad limitada, que se dediquen a la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y similares, deben sacar un permiso otorgado por el Ministerio del Interior.

Además, dispone que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, registrará y extenderá los permisos para tener y portar armas, determinando las características, calibre y más especificaciones técnicas de las armas de fuego, que podrán ser utilizadas por las compañías de vigilancia y seguridad privada. La dotación del armamento se autorizará en estricta proporción a la capacidad de cobertura de dichas compañías.

Los representantes legales de las compañías de vigilancia y seguridad privada entregarán: Un reporte anual acerca del armamento disponible, con la determinación de sus características y estado de funcionamiento, que será entregado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Al momento existen en el país 849 compañías de seguridad, de las cuales 521 se reportaron como activas.

En estas empresas laboran 62.014 guardias, que cumplen jornadas en diversas entidades, informó en una ocasión anterior el coronel Mario Robalino, jefe de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada.