Grados de discapacidad eran alterados por dinero
Tres personas fueron detenidas por supuestamente, a cambio de dinero, modificar los datos de los carnets otorgados por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).
Cristian Vera, jefe de Operaciones de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Zona 8 de Policía, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, afirmó que se capturaron a 3 ciudadanos: un exfuncionario y un actual trabajador del Conadis y un médico del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Respecto a este último, el investigador informó que efectuaba las valoraciones médicas y catalogaba el grado de discapacidad.
“Lo aumentaba para que supere el 40% y tenga más beneficios. Dependiendo del nivel de aumento cobraban el dinero, en algunos casos pedían más de $ 500. El carnet era legal, pero los datos eran falsos”, agregó Vera y no descartó que existan más personas implicadas.
La ley de Discapacidades otorga ventajas tributarias y laborales a este grupo vulnerable, como: exoneración del impuesto a la renta y devolución del IVA, tarifas preferenciales, entre otros beneficios.
Por ejemplo, el artículo 73 establece que: “En el caso de los vehículos destinados al uso y traslado de personas con impedimentos, para establecer la base imponible, se considerará una rebaja especial de $ 8.000. En el caso de que luego de realizada la rebaja, existiera un excedente, se concederá una reducción especial del 50% del mismo. Adicionalmente estarán exonerados del pago del impuesto ambiental a la contaminación vehicular”.
El fiscal John Camposano manifestó que la investigación empezó en 2016 tras la denuncia de una persona afectada.
Además dijo que los allanamientos se ejecutaron -la madrugada de ayer- en la ciudadela Martha de Roldós y en el Guasmo (norte y sur de Guayaquil) y otro en la urbanización Castilla, en Daule. En los domicilios se recabaron evidencias como documentos, valoraciones médicas, celulares, etc.
Añadió que por estar el caso en indagación previa no se pueden conocer los valores exactos que cobraban por la alteración de la información, ni cuántas personas se habrían beneficiado con el delito. Hasta el cierre de esta edición, la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos no iniciaba. (I)
