El guayaquileño de 57 años de edad, Víctor B. I., se constituye en el último detenido por el caso Petroecuador y en el segundo del Grupo Azul y sus filiales.

La aprehensión de este ingeniero de profesión se produjo el pasado viernes en Coca, provincia de Orellana, por solicitud de Osvaldo Carvajal, fiscal de Pichincha, quien lleva adelante el proceso sin que se proporcionen mayores datos para no entorpecer las investigaciones.

La Fiscalía informó que la audiencia de formulación de cargos se hizo el fin de semana en contra del detenido, quien se desempeñaba como coordinador de proyectos de Azulec, una de las filiales de Azul. A esa empresa llegó en 2009 por su formación como ingeniero industrial, con especialización en la Universidad de Concepción, en Chile, como auditor de riesgos y siniestros.

Según la Fiscalía, Víctor B., casado y con 4 hijos, cuya familia reside en Guayaquil, sería uno de los principales actores de la red de corrupción en Petroecuador presuntamente liderada por Carlos P.C., conocido como ‘Charlie’.

Esto se deduce de los correos electrónicos recuperados de la computadora de ‘Charlie’ Carlos P. C. A través de su cuenta de correo se desprende que el detenido habría sido el encargado de reclutar compañías interesadas en efectuar pagos irregulares a favor de su grupo a cambio de contratos millonarios, principalmente en los proyectos de Petroecuador EP, en los cuales Carlos P.Y., primo de ‘Charlie’ tenía gran injerencia en virtud de sus funciones. Era gerente general.

No se descarta que en las próximas horas se produzcan nuevos allanamientos e incautación de objetos que puedan servir como medios de prueba, los que se sumarán a los encontrados la semana pasada en la oficina de la empresa Tecnología Total Tectotal, en Quito, y en el domicilio de Víctor B. I., en Guayaquil.   

La información que consta en el expediente que se investiga en la Fiscalía de Pichincha, por el delito de lavado de activos, incluye una serie de cadenas de correos electrónicos, uno de ellos de fecha 1 de agosto de 2013, donde se establece que Víctor B. presentaba a ‘Charlie’ Carlos P C. la empresa Tectotal, a fin de que Pareja la hiciera acreedora del contrato para la construcción del sistema contraincendios y protección contra descargas atmosféricas del poliducto.

El contrato fue adjudicado por Petroecuador EP a favor de Tectotal el 27 de diciembre de 2013 por el monto de $ 10’810.513,86.

La otra persona detenida

El 13 de enero fue detenida la gerente financiera de Tecnazul, empresa subcontratista de la Refinería de Esmeraldas, Sonia C. S., acusada del delito de cohecho en el caso Petroecuador.

La aprehensión se produjo cuando pretendía ingresar a Colombia, y se pudo concretar porque la ciudadana tenía una orden internacional de captura de la Interpol (Policía Internacional).

“Gracias a la difusión roja internacional de Interpol y la acción decidida del Estado ecuatoriano, Sonia C. S. ya está detenida en Ecuador”, fue el anuncio que hizo ese día el viceministro del Interior, Diego Fuentes.

Sonia C. S. es procesada por la Fiscalía por supuestamente haber hecho pagos al exgerente de Petroecuador, Álex B. P., para beneficiarse con contratos, en uno de los casos abiertos a raíz de los ‘Papeles de Panamá’.

Tercer implicado de Grupo Azul

Otro de los procesados por el escándalo de la estatal petrolera y que era parte del Grupo Azul es Humberto G. C., quien se desempeñaba como gerente y exsocio de Consultora Tecnazul Cía. Ltda.

Esta firma tuvo un contrato de Petroecuador por $ 505.000 para realizar los estudios de la repotenciación de poliductos en la Costa, en octubre de 2011. Además, figura entre los depositantes de Álex B.

El viernes 21 de octubre, por orden de la jueza de la Unidad Penal de Pichincha, Karen Matamoros, se procedió a operativos de allanamiento e incautación en Quito, Guayaquil y Esmeraldas.

Como parte de esta acción a Humberto G. C. se le incautó una casa ubicada en Cumbayá y dos oficinas, con parqueos, en El Batán.

La jueza dispuso para Humberto G. C. la incautación, retención y prohibición de enajenar todos sus bienes.

El Grupo Azul

Según la página web institucional, Azul se estableció en 1981 y se presenta como “una empresa líder en la provisión de servicios integrados de construcción, ingeniería, gerencia y fiscalización de proyectos, operaciones y mantenimiento, representaciones, procura y logística”.

Su presidente es el norteamericano William Phillips, casado con la ecuatoriana Mónica Hernández.

El domicilio de la empresa está en la ciudad de Quito, en la Av. Granados E12-02 y Colimes, y tiene a más de 10 clientes entre grandes empresas nacionales y consorcios internacionales.

Entre sus empresas aparecen Urazul S.A, Azulec S.A., Caterpremier S.A., Tecnazul Cía. Ltda, Campetrol, Aurazul, Constrazul, Sierrazul, Impexazul, Cosami Construazul Joint Venture, Headsasa S.A, Sundoor, Ofparis S.A, Deltazul S.A, entre otras. (I)

DATOS

Alrededor de 140 empresas, instituciones y grandes consorcios del mundo aparecen en la lista de clientes del grupo empresarial Azul.

Tiene 35 años de laborar con el sector petrolero. Entre sus clientes figuran Petroecuador, Petroamazonas, SK Group, Refinería Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Aeropuerto de Quito, KBC Advanced y otras.

Según la Superintendencia de Compañías, Tecnazul se dedica a la prestación de servicios profesionales de consultoría, estudios de pre-factibilidad y factibilidad, diseños de ingeniería conceptual básica, etc.

En la Fiscalía de Pichincha se guarda reserva sobre las acciones legales que se cumplen tras la detención de Víctor B. con el fin de no entorpecer las investigaciones. Trascendió que se preparan nuevas diligencias y posibles allanamientos. (I)

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Hoy se instala la audiencia

Carlos P. Y. y  Álex B. suman otro delito

A las 11:00 de hoy, en la Unidad Judicial Penal con sede en Quito, se instalará la audiencia de vinculación de tres procesados por delincuencia organizada, en el caso Petroecuador.

En la diligencia serán vinculados los exgerentes de la estatal, Carlos P. Y. y Álex B.P., Arturo E.D. y José Luis O.S. La Fiscalía presume la autoría o la participación de estas personas en el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según el artículo 369, “la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena de 7 a 10 años”.

En esta causa también están procesados y con prisión preventiva Marco C. Eduardo V. R. y Diego T., quienes apelaron la medida cautelar. Para el jueves 26 de enero se señaló la diligencia de revisión de medidas del último de los procesados nombrados.

Otro caso que está por concretarse en una instrucción fiscal es el presunto peculado, para lo cual la audiencia de formulación de cargos se efectuará el lunes 30 de enero, a las 10:00. Por este delito se imputará a Carlos P. Y., Álex B. P. y otros, que fueron investigados.

Para el martes 31 de enero está planificada la audiencia preparatoria de juicio por supuesto enriquecimiento ilícito en contra del sindicado Álex B., quien en primera instancia fue procesado por tráfico de influencias, pero con el informe de Contraloría el fiscal Franklin Bravo reformuló el cargo y lo imputó por este delito porque no pudo justificar depósitos por $ 544.184,79.

El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el mismo que  sanciona dicho delito con una pena privativa de libertad que va desde los 3 hasta los 10 años.

La audiencia de apelación, que aún no tiene fecha, fue solicitada por Lorena A., procesada por presunto lavado de activos.

El viernes último se efectuó el cuarto día de audiencia preparatoria de juicio en el caso de cohecho, que terminó a las 00:30 del sábado. Allí el fiscal Juan Carlos Zúñiga, que en primera instancia acusó a los 18 procesados, 13 como autores y 5 como coautores, sugirió cambiar su dictamen, lo que ocasionó malestar entre la defensa de los sindicados.

Al final, la jueza Karen Matamoros indicó que llamará a audiencia para emitir su resolución, pero no precisó la fecha. (I)