Dialogar es un derecho

Queridos lectores y amigos, hoy en que contamos con la implementación formal de un nuevo sistema de administración de justicia identificado en el Código Orgánico General de Procesos, más conocido como Cogep, instrumento que positivamente dota de dinamismo y de la tan reclamada celeridad procesal a la atención de las millones de causas que deben dilucidarse y resolverse en el marco del derecho y la justicia, considero prudente, a la vez imperioso, formalizar y transparentar el diálogo entre la Función Judicial y los abogados del Ecuador.

Es por todos conocido el contenido de los actos administrativos emanados del pleno del Consejo de la Judicatura, los mismos que han sido rechazados por la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, así como por los colegios provinciales de este gremio de profesionales, actos que, lejos de imponer costos a servicios administrativos, gravan la administración de la justicia en el país.

El acto administrativo que derogó estas cuestionadas resoluciones carece de motivación, tal como días atrás lo señalamos públicamente. El Directorio del Colegio de Abogados del Guayas resolvió solicitar al pleno del Consejo de la Judicatura amplíe el contenido de la Resolución 92-2016 de tal organismo, con el propósito de que la falta de motivación que hemos denunciado no constituya una causal de nulidad que afecte improcedentemente la prestación de ciertos servicios necesarios para el ejercicio de las defensas procesales y la sustanciación de las causas.

En este sentido, siendo el diálogo una obligación del administrador y de los administrados, hemos acudido en nombre del gremio profesional que representamos en Ecuador y en la provincia de Guayas, a reuniones de trabajo convocadas por el Consejo de la Judicatura, con el fin único de establecer la debida interacción y consensos que garanticen el buen ejercicio de la profesión del abogado y el buen desarrollo del nuevo sistema de justicia en el país.

Sin embargo, hasta la presente fecha, tal como ocurre con la falta de motivación de la Resolución 92-2016 emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura, se ha prestado poca o ninguna atención a las fundamentaciones planteadas por este gremio.

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador y el Colegio de Abogados del Guayas tienen entre sus funciones el ejercicio de la defensa de nuestra profesión y consecuentemente de todos los abogados del país, razón por la cual advertimos la obligación de permanecer vigilantes e impulsar por los medios necesarios la debida atención que el administrador deberá dar a los planteamientos esgrimidos, siendo hasta la fecha un derecho constitucional vulnerado, el de recibir atención o respuestas motivadas ante los requerimientos formulados por esta representación.

Agotaremos las instancias correspondientes en la búsqueda del diálogo oportuno, eficaz y productivo. No pertenecemos a la línea de los tira piedra y paralizadores de servicios, sin embargo, tampoco permaneceremos impávidos ante las lesiones que se generan sobre la Constitución, la ley y nuestra clase abogadil. ¡Juntos somos invencibles! (O)