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Derechos a la educación

Derechos a la educación
05 de abril de 2016 - 00:00 - Ab. Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas

Apreciados lectores y amigos, estando próximos al inicio de un nuevo ciclo escolar en el régimen Costa, los análisis y discusiones sobre el derecho que tienen los niños a recibir educación en los distintos centros de enseñanza del país, tanto en el ámbito estatal como en el privado, han estado en el orden del día. Es más, he tenido el privilegio de mantener diversas e interesantes conversaciones con varios ciudadanos sobre este tema, por lo que les comparto una síntesis de lo conversado.

La Constitución de la República en el numeral 1 de su artículo 3 garantiza a nuestros ciudadanos el derecho a la educación. Así mismo, su artículo 26 lo determina como un deber ineludible e inexcusable del Estado, incluso lo identifica como “garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”.

En este marco constitucional se tejen inquietudes y en muchos casos insatisfacciones por parte de padres de familia, y administradores o propietarios de establecimientos educativos privados, quienes encuentran en los conocidos factores económicos, un punto de quiebre de las buenas relaciones y de la armonía con que debe desarrollarse la instrucción de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En las mencionadas conversaciones, más de una de las personas que nos acompañaba hizo notar su incomodidad por experiencias negativas y según se identifican como discriminatorias de los derechos de los menores, que por atraso de sus padres en los pagos de pensiones, se veían impedidos de rendir exámenes o de participar simultáneamente con sus compañeros de las actividades regulares propias de su preparación, señalándose de forma reiterada, la creación de una flagrante violación al constitucional derecho a la educación, por parte de las autoridades de los centros educativos particulares, según cada caso.

Por otro lado, consta también otra cara de la moneda, la realidad que viven los establecimientos educativos privados, quienes en mérito del número de sus estudiantes matriculados desarrollan una proyección ejecutiva de sus flujos de ingresos y egresos, los mismos que mes a mes demandan el cumplimiento de las obligaciones institucionales para la satisfacción de las necesidades de los docentes y cuerpo administrativo, así como la oportuna cobertura de servicios básicos y demás que se requieren de acuerdo a cada oferta educativa.

Bajo este escenario, es imperioso identificar la relación concatenada que existe entre cada uno de los actores de la actividad educativa, por una parte los pagos efectuados por los padres de familia, generan liquidez para las empresas educativas, lo que les permite cumplir con el pago oportuno de los docentes y demás personal administrativo, quienes de este modo, cumpliendo con su trabajo diario, generan el sustento de sus hogares.

Desde mi punto de vista, con motivo del desarrollo de esta actividad legal contractual, se desprenden varios derechos que pueden confluir en la mesa de discusión, tales como los derechos de educación, de trabajo, de alimentos, de una vida digna, del buen vivir, entre otros, pudiéndose afectar más de uno de los mencionados de forma simultánea en perjuicio de todos los participantes.
Es necesario, establecer mesas de diálogo para que de forma conjunta entre educadores y los representantes de los estudiantes, se establezcan mecanismos que permitan un óptimo desarrollo de la actividad educativa privada, identificando alternativas que no lesionen a los menores en su desarrollo, así como que no lesionen a las empresas en su ejecución presupuestaria, dejando claramente establecidos, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que a cada uno de ellos corresponden.

Finalmente, destaco la existencia y cumplimiento por parte del Estado de la obligación constitucional de dotar a los ecuatorianos de educación. Para ello la implementación y el fortalecimiento desarrollado en diversos centros educativos de orden público, los que hoy más que nunca con profesionales capacitados e infraestructura de primer orden, se presentan como el segundo hogar de nuestros niños y jóvenes en beneficio de un futuro prometedor en que podremos encontrar la anhelada Justicia Social. ¡Juntos somos invencibles, juntos lo haremos posible! (O)

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