Después de 42 años la justicia llegó para los familiares de los dos estudiantes ecuatorianos que fueron ejecutados en 1973 durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, en Chile.

La Corte de Apelaciones de Concepción condenó a 15 años de cárcel al excomisario Fernando Pinares y al capitán Sergio Arévalo, los máximos jefes policiales y de quienes dependían los policías que efectuaron las ejecuciones de los jóvenes estudiantes Freddy Torres y Felipe Campos, asesinados en septiembre de 1973.

Los alegatos de la abogada Patricia Parra fueron acogidos por la Corte de Apelaciones. Ella fundamentó la tesis de ‘responsabilidad de mando’, ya que Pinares era el máximo jefe policial en esa época.

Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), manifestó su satisfacción por el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Concepción a favor de Ecuador.

Los ciudadanos ecuatorianos Torres, de 19 años, y Campos, de 23 años, habían obtenido una beca para estudiar Ingeniería y Kinesiología, respectivamente en la Universidad de Concepción. Ellos no estaban afiliados a movimiento político alguno, recordó Parra.

La beca fue otorgada por el gobierno de Salvador Allende a los mejores estudiantes latinoamericanos. Los jóvenes eran activos miembros de una iglesia evangélica, agregó el jurista.

Freddy y Felipe fueron detenidos por una patrulla policial chilena cuando se dirigían a la localidad de Quillón, a visitar a la novia de uno de ellos. Los uniformados los sometieron a crueles torturas y finalmente los ejecutaron con múltiples balazos.

Los cuerpos de los jóvenes ecuatorianos fueron hallados a orillas del río Bio Bio, el 20 de septiembre de 1973, época en que se produjo el golpe de Estado en Chile.

Parra recordó que a los familiares de los estudiantes, que viajaron a Chile, solo les entregaron dos pequeñas urnas selladas que, supuestamente, contenían las cenizas de sus respectivos hijos.

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Chile está pendiente; sin embargo, Parra confía en que el trabajo efectuado por los juristas del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno confirme la sentencia. (I)